Lo que raramente hace, la presidenta Claudia Sheinbaum lo hizo ayer: iniciar su conferencia matutina para negar que existe un acuerdo con la DEA para trabajar conjuntamente contra los facilitadores del narcotráfico en la frontera entre México y Estados Unidos. La víspera, la DEA anunció el Proyecto Portero, que tiene como elemento inicial la capacitación de policías mexicanos en Texas, y que, en palabras del nuevo administrador de la agencia, Terrance Cole, “muestra cómo pelearemos, con planeación y acciones conjuntas con nuestros socios mexicanos… en una nueva era de reforzamiento policial transfronterizo”.

De ninguna manera, por cuanto a Palacio Nacional toca. Sheinbaum dijo desconocer sobre qué bases la DEA había publicado el comunicado porque no se le había preguntado al gobierno mexicano, y sugirió que el gabinete de seguridad no tiene acuerdos con la DEA, porque sólo están trabajando con el Comando Norte. Esta divergencia no es la primera que tiene con Estados Unidos en el tema de la seguridad, aunque las anteriores fueron por las operaciones clandestinas en territorio mexicano.

El comunicado de la DEA, suscrito por Cole, no habla de un acuerdo per se, sino de una “iniciativa bilateral audaz”, que sugiere que sí hubo pláticas bilaterales para llevarla a cabo. De otra forma, ¿por qué irían policías mexicanos a capacitarse en las técnicas que requiere la DEA para el combate transfronterizo? La Embajada de Estados Unidos en México expresó la posición de su gobierno, respaldando el comunicado de la agencia para la lucha contra las drogas con una respuesta frontal después de la mañanera presidencial, con un mensaje en X –que por la tarde borró– que dice: “Problemas compartidos, soluciones compartidas”, acompañando la fotografía de la primera plana de Reforma, cuyo titular principal dice: “Van la DEA y México por capos fronterizos”.

La administración Trump no se anda con sutilezas. Si Sheinbaum no quiere hacer enojar a López Obrador, es un problema doméstico, no de la relación bilateral. La reacción de la presidenta tuvo un carácter urgente –fue su primer tema de la mañanera, rompiendo el rígido ritual cotidiano–, que se puede ver más como un mensaje a Palenque que al cuartel general de la DEA en Arlington, Virginia, frente a Washington, separados por el río Potomac.

El urgente desmentido parecía arañar el deseo de que no se enoje Andrés Manuel; que no se sienta agredido; que no piense que no se sigue al pie de la letra lo que le pidió; que no crea que hay traiciones. No existen tales, pero hay cosas imposibles de mantener, como su complacencia y probablemente complicidad con los cárteles de las drogas.

Sheinbaum ha hecho todo lo contrario de López Obrador, para bien de un país que el presidente emérito dejó envuelto en un enjambre criminal profundamente enraizado en varias regiones. La muestra la dio el embajador Ronald Johnson en un mensaje colocado en X hace una semana, donde, entre los 10 logros más importantes en la colaboración bilateral, ocho están relacionados con el combate al crimen organizado, la lucha contra el fentanilo, la disrupción de sus canales de financiamiento, el freno a la migración y la creación de un programa piloto de policías en la frontera de Sonora y Arizona.

Johnson no mencionó otras áreas donde, a iniciativa de Estados Unidos, el gobierno de México ha emprendido o reforzado la lucha contra la extorsión y el huachicol, que no sólo afectó las redes de protección institucional de criminales, sino que afectó los ingresos ilegales que tenían políticos en el país para alimentar sus bases clientelares y para su pecunio. Se puede entender que, a quien dejó las manos libres y los Barret cargados en su administración, lo que está haciendo Sheinbaum debe pegarle directamente en el hígado.

Es parte del frágil equilibrio que vive la presidenta con su mentor. ¿Hasta dónde puede cuidarlo sin obedecerlo? Sheinbaum ha bailado al ritmo que le marcan en la Casa Blanca porque no tiene márgenes de operación: necesita mantener abierto el comercio bilateral en las mejores condiciones posibles. Las acciones contra las organizaciones criminales y el tráfico de fentanilo son un costo mucho menor, en su proyecto de largo plazo, que perder el tubo por donde respira la economía mexicana y el dinero para ganar votos. Sin embargo, la aparición de la DEA en el firmamento mexicano fue su frontera política.

La DEA se le atora en la garganta y el estómago a López Obrador. No le perdona la captura del general Salvador Cienfuegos en 2020, aunque, quizás por su reacción inicial ante la captura del exsecretario de la Defensa, a quien juzgó culpable sin tener idea de lo que había sucedido, podría plantearse que fue más por la presión de los generales que lo doblegaron y obligaron a cambiar su posición y defenderlo. Para congraciarse, canceló la cooperación con Estados Unidos, en particular con la DEA.

Pero si eso lo enfureció, las revelaciones de que la DEA había investigado financiamientos del crimen organizado en la campaña presidencial de 2006 lo encolerizaron en febrero del año pasado. En ese entonces, Sheinbaum dijo que eran noticias falsas y que se trataba de una “guerra sucia” de la oposición mexicana. No tenía idea de lo que decía. Quizás todavía no del todo. Terrance Cole, su actual director, es un enemigo abierto de México, con un ojo focalizado en la clase gobernante.

Cole era agente de la DEA en México cuando se dio el episodio con Cienfuegos y, al ver el revés a la agencia al resolverse políticamente el caso, empezó a elaborar una lista de políticos vinculados con los cárteles de las drogas. Por las mismas razones no avanzó y renunció. Poco después, en una entrevista con el sitio trumpista Breitbart News, afirmó: “Los cárteles mexicanos trabajan de la mano con funcionarios corruptos del gobierno mexicano en los altos niveles… es cómplice y trabaja con estos cárteles en todos los niveles de fabricación, transporte y distribución”.

Columna Estrictamente Personal de Raymundo Riva Palacio en El Financiero

Foto Cuartoscuro

clh