La discusión en torno a la reforma político-electoral planteada por la presidenta Claudia Sheinbaum crecerá en intensidad en los próximos meses.

Aunque ha quedado claro que la iniciativa no se enviará al Congreso este año, existe la expectativa de que sea presentada en el primer periodo ordinario de 2026. El tiempo apremia: si se busca que las elecciones de 2027 se realicen bajo nuevas reglas, los cambios deberán estar promulgados a más tardar en junio del próximo año.

La Constitución, en su artículo 105, establece que las leyes electorales, tanto federales como locales, deben publicarse al menos 90 días antes del inicio del proceso electoral correspondiente y que, durante dicho proceso, no pueden realizarse modificaciones legales fundamentales. Así, el margen para discutir y aprobar una reforma de gran calado es limitado.

Los planteamientos son variados, pero dos destacan por su impacto y por la polémica que generan: la eliminación de los diputados plurinominales y la reducción del financiamiento público a los partidos políticos.

Ambos temas, cuando se miden en encuestas abiertas a la población, suelen recibir un amplio respaldo social. La ciudadanía, en su mayoría, apoya reducir el número de plurinominales e, incluso, desaparecerlos, así como disminuir de manera significativa los recursos públicos destinados a los partidos.

Sin embargo, la aritmética política es más compleja. Morena podría enfrentar resistencias de sus aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, que obtienen buena parte de sus curules gracias a la representación proporcional. De entrada, parecería que una reforma en esa dirección no contaría con el respaldo de estos partidos, lo que impediría alcanzar la mayoría constitucional en la Cámara de Diputados.

Pero la política mexicana suele encontrar salidas. La experiencia de 2024 mostró cómo una “ingeniería electoral” permitió a Morena transferir triunfos al PT y al PVEM. El exconsejero electoral Ciro Murayama calculó que, en ese proceso, Morena “cedió” 42 victorias al PT y 48 al Verde. Ese precedente demuestra que, con acuerdos internos, los partidos satélite pueden mantener posiciones relevantes aun con menos plurinominales.

Más complicada es la discusión sobre el financiamiento público a los partidos. Reducirlo o eliminarlo tocaría directamente los intereses del PT y el PVEM, para quienes esos recursos son un incentivo central de la alianza con Morena. En 2024, el Verde recibió 653 millones de pesos y el PT, 586 millones, sin contar beneficios adicionales a nivel local. Esa es la magnitud del ‘negocio político’ que representa el sistema de financiamiento.

No obstante, tampoco parece un obstáculo insalvable. Los recursos podrían convertirse en moneda de negociación dentro de un paquete de acuerdos más amplio. El poder de veto de los partidos aliados ya quedó demostrado cuando lograron posponer hasta 2030 la aplicación de nuevas reglas sobre reelección inmediata y prohibición de nepotismo.

El debate de fondo, sin embargo, va más allá de las cifras. El sistema de representación proporcional tiene defectos, pero también cumple una función esencial: garantizar la pluralidad política. Su desaparición parcial o total podría concentrar aún más el poder en el partido gobernante.

De igual forma, aunque el financiamiento público a los partidos genera malestar ciudadano, su reducción drástica sin mecanismos de control claros abriría la puerta al financiamiento privado opaco o, peor aún, a la infiltración de dinero proveniente del crimen organizado.

La historia política muestra que cuando los partidos están en el poder tienden a promover reformas que limiten a sus adversarios, bajo la premisa de que permanecerán en él durante muchos años. Sin embargo, los ejemplos abundan de fuerzas políticas que, en pocos años, pasaron de la cima al declive. Pensar en reformas que reduzcan la pluralidad con la expectativa de una hegemonía indefinida es un error que puede salir caro.

Sin llegar a escenarios extremos como los de Cuba, Nicaragua o Venezuela, bastaría con debilitar los contrapesos para dar un golpe serio a la calidad democrática del país.

La reforma electoral de 2026 será un punto de inflexión. En ella no solo se juega la arquitectura institucional de los próximos comicios, sino el rumbo de la representación política en México.

Reducir la pluralidad y debilitar el financiamiento público sin alternativas sólidas puede ser un retroceso difícil de revertir.

Columna Coordenadas de Enrique Quintana en El Financiero

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