El Congreso de El Salvador aprobó el viernes una prórroga que concede a la Fiscalía General dos años adicionales para mantener en prisión preventiva a más de 80 mil personas detenidas bajo el régimen de excepción, mientras continúan las investigaciones por presuntos vínculos con pandillas.

La medida fue aprobada con 57 votos a favor y 3 en contra, en una Asamblea dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, y sus aliados. Además, los legisladores otorgaron al gobierno la posibilidad de ampliar el periodo por otros 12 meses en caso de considerarlo necesario.

El procurador general Rodolfo Delgado defendió la decisión al señalar que el plazo adicional permitirá realizar investigaciones más completas, presentar pruebas sólidas y garantizar sentencias contra miembros de estructuras criminales. Explicó que el plan contempla la realización de cientos de juicios masivos, luego de que la Fiscalía clasificara a los procesados en distintos grupos. “Esta gran cantidad de personas no será juzgada en una o dos semanas. Se requiere un tiempo considerable para que los jueces reciban las pruebas que vinculan a cada uno de ellos y luego emitan veredictos conforme a la ley correspondiente”, afirmó.

No obstante, la medida también generó críticas. La diputada opositora Claudia Ortiz, del partido VAMOS, aseguró que refleja la “incapacidad del gobierno para impartir justicia”. Recordó que han transcurrido más de dos años desde el inicio de las detenciones y que, en ese periodo, las autoridades pudieron haber presentado los casos de manera individual ante los tribunales. “Como no lo han hecho a tiempo, la Asamblea tiene que hacerle un favor a la Fiscalía General de la República”, sostuvo.

El régimen de excepción, instaurado en marzo de 2022 tras una ola de violencia que dejó decenas de muertos en un solo fin de semana, ha incrementado la popularidad de Bukele gracias a la mejora en la seguridad pública. Sin embargo, también implicó la suspensión de derechos constitucionales como el plazo máximo para presentar a un detenido ante un juez y el acceso a defensa legal.

Desde entonces, más de 88 mil personas han sido arrestadas por presuntos vínculos con pandillas, y cerca del 90% de ellas continúa a la espera de juicio. En julio de 2023, el Congreso ya había aprobado una ampliación de 24 meses para procesar a los detenidos, un plazo que vence el próximo 25 de agosto. Con esta nueva prórroga, la Fiscalía tendrá dos años adicionales para llevar a juicio a la mayoría de los arrestados.

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Foto: Redes sociales

djs