La polémica estalló nuevamente este viernes: la administración Trump, a través del Departamento de Justicia, exigió un pago de 1 000 millones de dólares al sistema de la Universidad de California (UC), incluyendo al campus de UCLA, por su manejo de protestas estudiantiles propalestinas en 2024 y presunta indiferencia frente a casos de antisemitismo.

Este monto es más del doble de lo que acordaron pagar instituciones privadas como Columbia (221 mdd) o Brown (50 mdd), y representa un ataque sin precedentes contra una universidad pública.

James Milliken, presidente del sistema UC, advirtió que una multa así "devastaría el sistema público universitario más grande del país" y dañaría severamente a "estudiantes y californianos en general".

El gobernador Gavin Newsom no se quedó callado: calificó la exigencia de “extorsión política”, acusando al gobierno federal de intentar silenciar la libertad académica, e incluso anunció que interpondrán una demanda.

La presión federal ya se refleja en el congelamiento de más de 500 millones de dólares en fondos de investigación médica y científica destinados a UCLA, afectando proyectos de alto impacto.

Además, la exigencia incluye 172 millones de dólares adicionales para un fondo de compensación dirigido a estudiantes judíos y otras personas presuntamente afectadas por actos de discriminación.

Este movimiento parece seguir una estrategia más amplia de la Casa Blanca para presionar a universidades a través del financiamiento. Harvard y otras instituciones están siendo objeto de negociaciones similares.

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xmh