La tensión se siente en los campos del sur de California, donde la presencia de agentes migratorios ha comenzado a alterar no solo la rutina de miles de trabajadores, sino también el ritmo de producción agrícola. En zonas como Ventura y el Valle Central, las recientes redadas del gobierno estadounidense están generando preocupación entre productores y campesinos, quienes advierten que la política actual está afectando seriamente al sector agroalimentario.

Lisa Tate, agricultora con más de cuatro generaciones familiares dedicadas al cultivo en California, asegura que el clima de incertidumbre no se había vivido con tal intensidad. “No se trata solo de la cosecha, sino de toda la cadena alimenticia. Hoy todos tienen miedo: desde quienes recogen la fruta hasta quienes empacan o transportan”, afirmó en entrevista con medios locales.

Las operaciones migratorias se han intensificado desde la reactivación de la política de “mano dura” en la frontera y en el interior del país. Organizaciones de derechos laborales denuncian que los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han llegado incluso a propiedades privadas sin orden judicial, lo que ha provocado ausentismo, paralización de cosechas y una creciente sensación de persecución.

De acuerdo con un estudio del Departamento de Agricultura de EE. UU., al menos 4 de cada 10 trabajadores agrícolas no cuentan con permiso legal para laborar, una realidad que el propio sector conoce desde hace años, pero que —aseguran productores— se ha ignorado en las políticas públicas. A pesar de la existencia de programas de visas temporales (como el H-2A), estos resultan insuficientes frente a la demanda real de mano de obra.

“La solución no es expulsar gente, sino regular lo que ya funciona”, afirma Tate. Según su testimonio, si los trabajadores indocumentados son removidos del campo, el país enfrentaría no solo el encarecimiento de los alimentos, sino también escasez y dependencia de importaciones.

Trabajadores como Silvia, una madre mexicana con más de una década en el campo, viven con miedo constante. “Si no salgo, no como. Pero si salgo, me pueden detener”, cuenta con angustia, luego de presenciar arrestos de compañeros en una redada reciente en Oxnard.

Para Miguel, jornalero de 54 años, el panorama es claro: “Aquí todos perdemos. El trabajador, el agricultor y la gente que depende de lo que producimos”.

Mientras tanto, legislaciones como el Farm Workforce Modernization Act, que busca ofrecer caminos legales y más estables para trabajadores agrícolas, siguen estancadas en el Congreso.

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