Arrancó la fase piloto de la reforma laboral que busca integrar a trabajadores de plataformas como Uber, Didi y Rappi al marco de la Ley Federal del Trabajo, y la incertidumbre ronda entre quienes trabajan por aplicación. Aunque la intención es reconocer derechos y otorgar seguridad social, surgen dudas sobre descuentos y condiciones mínimas para acceder a beneficios.

Para Paulina Dávalos, exobrera de maquiladora y ahora conductora de app, lo esencial es saber cuánto le descontarán y qué ganará con el IMSS. En su experiencia laboral anterior aseguró: “¿a mí en qué me beneficia volver a tener seguro social? ¿Cuánto me van a descontar?”, una pregunta que se repite entre muchos en su condición.

Legalmente, quienes ganen al menos el salario mínimo mensual en Ciudad de México (8,480 pesos) deberán ser dados de alta en el IMSS y el Infonavit por las empresas, además de recibir aguinaldo, vacaciones y reparto de utilidades. Sin embargo, el acceso a estos beneficios dependerá de cumplir ese umbral de ingresos mes con mes, lo que preocupa a trabajadores con ingresos variables.

Sergio Guerrero, secretario general de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), afirma que esta dinámica hace el esquema inestable: “un mes entras, y al siguiente no”, cuando no se alcanza el mínimo. Además, porcentajes aplicados a motorizados, automovilistas o ciclistas—del 60 % al 15 %—exigen generar ingresos más altos para cotizar .

Otro reto: el cambio fiscal. Pasar del régimen simplificado al de asalariado supone retener pago del IMSS (~2.5 %) y declarar ISR de manera convencional, lo que causa desconfianza. Como dice el abogado Ricardo Rodríguez: “cuando hablamos de Hacienda siempre es como hablar del diablo”.

Empresas como Uber reaccionaron anunciando un aumento del 7 % en tarifas, argumentando que la reforma impacta sus costos. Sin embargo, la STPS lo calificó como una decisión “unilateral e irresponsable” y prometió operativos con Profeco para proteger a consumidores y conductores.

El periodo piloto va del 1 de julio al 31 de diciembre de 2025. En este lapso, autoridades, sindicatos y plataformas evaluarán los efectos prácticos, con la esperanza de ajustar los mecanismos y evitar que el proceso se quede en letra muerta.

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xmh