El reciente anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la investigación de embarazos en menores de 18 años como un delito, nos alerta sobre esta problemática y nos obliga a actuar.

La mandataria, en su conferencia mañanera de este viernes, recordó que en 2016 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que la edad mínima permitida para contraer matrimonio es de 18 años, invalidando las prácticas anteriores que permitían que los varones a los 16 años pudieran casarse, y las mujeres a los 14. Este cambio legal sienta las bases para una política de cero tolerancia ante el embarazo infantil.

Sheinbaum dijo que en los hospitales de México existe un protocolo para reportar al Ministerio Público cualquier caso en que una mujer menor de edad dé a luz, sobre todo si se sospecha que la criatura es producto de una relación con un hombre adulto, incluso adulto mayor. Señaló que, según la norma 047 de la Secretaría de Salud de 2005, existe un marco legal para la atención de la salud de adolescentes de 10 a 19 años, incluyendo mecanismos específicos para casos de embarazo infantil y violación. La presidenta afirmó en forma contundente: “Si hay embarazo de una menor de edad por un adulto, puede y debe investigarse como delito”.

La mandataria también abordó la problemática del registro de la edad del padre en estos casos, revelando que antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador esta información no se registraba en el Registro Nacional de Población (Renapo). Sheinbaum aclaró que las investigaciones no son una iniciativa arbitraria del ejecutivo, sino una obligación legal derivada del protocolo de reporte al Ministerio Público.

Y es que un tema tan delicado no pasó desapercibido por los usuarios de redes sociales, quienes viralizaron la problemática a raíz de la difusión de una lista con 30 casos de embarazos de niñas menores de 12 años, cuyos padres de las criaturas podrían ser sus abuelos.

Esto es a todas luces una inmoralidad

Citlalli Hernández, secretaria de las mujeres, calificó como “abuso sexual”, no como “embarazo infantil”, a la vez que reconoció los avances de la Estrategia Nacional de Atención a Embarazo Adolescente (ENAPEA), pero enfatizó la necesidad de una mayor focalización en estados con alta incidencia en este problema, como Michoacán, Oaxaca y Guerrero.

Citlalli calificó el problema como “ un fenómeno brutal” y alertó sobre la posibilidad de que las madres adolescentes tengan lazos consanguíneos con los padres de sus hijos e hijas, es decir, que hayan sido abusadas dentro del núcleo familiar, por lo que anunció una nueva estrategia para combatir el embarazo entre niñas y adolescentes, particularmente en comunidades que ven el matrimonio infantil como parte de sus usos y costumbres.

La situación expone la compleja realidad del embarazo infantil en México, una problemática que combina factores legales, sociales y culturales. Si bien se han logrado avances, la persistencia de casos, especialmente aquellos que involucran abuso sexual, exige una respuesta contundente y multifacética que incluya la aplicación estricta de la ley, la educación sexual integral, el acceso a servicios de salud reproductiva y la erradicación de prácticas culturales que perpetúan la vulnerabilidad de las niñas y adolescentes.

El debate abierto sobre este tema es fundamental para construir un futuro donde los derechos de las menores sean plenamente respetados y protegidos. Queremos un México con infancias felices.

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Columna de Margot Pereyra en SDP Noticias

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