El Senado aprobó en comisión la Nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una reforma que elimina artículos controversiales relacionados con censura, pero que mantiene mecanismos para restringir contenidos, con críticas sobre un posible carácter autoritario.

Cambios clave en la regulación

Según el senador José Antonio Álvarez Lima (Morena), se quitaron las facultades que permitían a la Secretaría de Gobernación o la Agencia de Transformación Digital intervenir y bloquear plataformas. También afirmó que se blindó la soberanía nacional al limitar la propaganda extranjera, sin afectar la libertad de expresión. Además, aseguró que los concesionarios tendrán mayor certeza jurídica y se promoverá la libre competencia.

El nuevo dinamismo del sector estará a cargo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, un organismo desconcentrado conformado por cinco comisionados, designados por el Ejecutivo federal y ratificados por el Senado de la República.

Por su parte, la senadora Alejandra Barrales (Movimiento Ciudadano) destacó que ahora la Comisión tiene diez atribuciones clave, lo que implica una descentralización de funciones que antes recaían directamente en la Agencia. “Es un agente colegiado y no un monarca”, señaló.

Neutralidad y privacidad garantizadas (en papel)

La ley conserva principios esenciales para la protección de derechos digitales:

• Artículo 132: los prestadores deben respetar capacidad, velocidad y calidad contratadas, sin distinguir contenido.
• Artículo 107: garantiza la confidencialidad de las comunicaciones.
• Artículo 208 IV: permite a la Comisión ordenar la suspensión precautoria de transmisiones, previa advertencia.

También se mantiene la prohibición de difundir propaganda de gobiernos extranjeros, con sanciones de hasta el 5 % de los ingresos de concesionarios o plataformas digitales.

Vigilancia y geolocalización: puntos de fricción

La oposición, encabezada por el senador Ricardo Anaya Cortés (PAN), advirtió sobre un posible afán de vigilancia. Señaló que con la desaparición del INAI, ya no existe un órgano autónomo garante de la protección de datos personales. Criticó que el artículo 183 obliga a los concesionarios a entregar geolocalización en tiempo real y mantener registros de comunicación por 12 meses.

El senador Néstor Camarillo Medina (PRI) cuestionó la obligación de registrar usuarios con CURP o RFC, lo que calificó como un mecanismo de vigilancia masiva. “El Estado sabrá quién eres, cómo te llamas y dónde estás”, dijo.

Desde otra trinchera, el senador Javier Corral Jurado (Morena) defendió el registro como una medida contra el uso anónimo de chips para cometer delitos. “¿Vamos a dejar que las fuerzas oscuras sigan operando sin control?”, cuestionó.

Reacción de expertos y la industria

Organizaciones como ICC México y GSMA han manifestado preocupación por posibles inconsistencias constitucionales, violaciones al T-MEC y mayor incertidumbre jurídica para inversionistas, especialmente por asignar espectro radioeléctrico sin licitación a entidades públicas.

Expertos en derechos digitales alertaron sobre la posibilidad de una censura previa, ya que la ley permite suspender plataformas bajo criterios ambiguos y sin orden judicial. La desaparición del IFT y la creación de una agencia bajo control del Ejecutivo centralizan decisiones clave, lo que reduce contrapesos democráticos.

El dictamen fue aprobado en comisiones con 29 votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones, y será discutido próximamente en el Pleno del Senado. Mientras el gobierno lo presenta como una modernización tecnológica, la oposición lo ve como una puerta abierta al control estatal sobre las comunicaciones.

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foto cortesía 

xmh