El reciente anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que colocó en su ‘lista negra’ a dos bancos mexicanos y una casa de bolsa por presuntos vínculos con redes de tráfico de fentanilo, debe leerse más allá del lenguaje diplomático y legal.

Lo que parece una medida técnica contra el lavado de dinero pareciera ser, en realidad, un movimiento político que carece —hasta ahora— de evidencias sólidas, pero que se enmarca perfectamente en la lógica de presión constante que Washington ejerce sobre México.

En el comunicado de la Red de Control de Delitos Financieros dependiente del Departamento del Tesoro, se señala que las instituciones mexicanas habrían participado, directa o indirectamente, en el procesamiento de operaciones vinculadas al fentanilo.

Sin embargo, no se han hecho públicas pruebas forenses, rastreos financieros verificables, ni se ha presentado evidencia documental ante las autoridades mexicanas que sustente tales señalamientos.

Más aún: las entidades acusadas no fueron notificadas previamente ni convocadas a ningún proceso de revisión conjunta o mecanismo bilateral de investigación, como marcan los protocolos en materia de cooperación financiera y de combate al crimen organizado.

En vez de eso, el Departamento del Tesoro optó por el escarnio público sin juicio ni posibilidad de defensa, en una táctica que, más que justicia, huele a presión política.

Es indispensable preguntarse por qué estas decisiones se toman de manera unilateral y en momentos específicos.

¿Hay realmente un aumento inusual en operaciones ilícitas desde México? ¿O se trata de crear una narrativa conveniente de cara a la política del gobierno de EU, que pretende construir una narrativa de que ahora sí van con todo contra el tráfico de fentanilo? Todo indica que es esto último.

También debe subrayarse una contradicción inquietante: México ha fortalecido sus mecanismos de supervisión financiera en los últimos años.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Banco de México han estrechado los controles sobre movimientos inusuales, reforzado los procesos de cumplimiento en instituciones financieras y colaborado con organismos internacionales para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Paradójicamente, el sistema financiero estadounidense sigue siendo mucho más opaco y permisivo.

De hecho, los informes del propio Tesoro y del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) han reconocido que los bancos estadounidenses procesan cientos de miles de millones de dólares provenientes del crimen organizado global cada año, amparados en estructuras corporativas complejas, paraísos fiscales y resquicios regulatorios.

Si bien ningún sistema es infalible, el doble rasero es evidente.

México es señalado sin pruebas, mientras que grandes instituciones financieras en Estados Unidos han admitido —y pagado multimillonarias multas— por haber lavado dinero del narcotráfico, el terrorismo y la evasión fiscal, sin que eso haya derivado en sanciones institucionales equivalentes a las aplicadas hoy a las firmas mexicanas.

Este contexto obliga a ver el anuncio del Tesoro como un acto más de presión estratégica, un recurso habitual de la diplomacia estadounidense cuando busca enviar “mensajes” sin necesidad de usar canales oficiales.

No sería la primera vez. Lo vimos en Venezuela, en Cuba, en Rusia, y ahora se intenta aplicar ese mismo libreto en México pese a las enormes diferencias con esos países.

¿El objetivo? Debilitar la percepción internacional del sistema financiero mexicano, justo cuando la relocalización de cadenas de suministro —el famoso nearshoring— vuelve a alentar la atracción de la inversión extranjera.

También puede ser un intento de endurecer la postura negociadora frente al gobierno mexicano en temas como seguridad, migración o comercio, bajo el disfraz de “preocupaciones legítimas”.

Pero un país serio no puede permitir que se le impongan narrativas sin sustento.

México debe exigir pruebas concretas, defensa institucional y respeto a los canales establecidos de cooperación.

Cuando la justicia se convierte en herramienta política, se debilita su legitimidad y se erosiona la confianza bilateral.

En suma, lo que hemos visto no es un castigo al narcotráfico. Es una advertencia. Y no contra los criminales, sino contra un país que, en este momento, está redefiniendo su lugar en la economía global.

Por cierto, la intervención gerencial de los dos bancos señalados pareciera legitimar la denuncia de EU cuando la propia presidenta ayer mismo la cuestionó. ¿Entonces?

Ojalá que el gobierno mexicano tenga claro qué quiere hacer y cómo responder, pues de lo contrario, solitos estaremos cayendo en la trampa.

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Columna Coordenadas de Enrique Quintana en El Financiero

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