El asesinato de Salomón Ordóñez, comunicador indígena y director del medio comunitario Shalom Cuetzalon, ocurrido el pasado 23 de junio en la comunidad de Patapan, en el municipio de Cuetzalan, ha encendido una nueva alerta sobre los riesgos que enfrentan quienes ejercen la comunicación desde los pueblos originarios en México.

Organizaciones que integran el Comité Nacional de Radios Comunitarias, Indígenas y Afromexicanas exigieron que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) y que se investigue a fondo a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, argumentando que el crimen está vinculado directamente con la labor informativa de Ordóñez.

“Lo mataron por decir la verdad desde su pueblo, por alzar la voz contra los abusos, por defender el territorio”, señalaron en un pronunciamiento.

Para estas organizaciones, no se trata de un caso aislado, sino de parte de un patrón de violencia sistemática contra quienes hacen comunicación comunitaria en zonas rurales e indígenas del país.

Salomón era reconocido en la Sierra Norte por su trabajo crítico y comprometido con las causas de los pueblos. A través de su medio, denunciaba atropellos, corrupción y amenazas que enfrentan las comunidades en defensa de su tierra y recursos naturales. Desde hace meses, sus colaboraciones habían incomodado a actores locales con intereses políticos y económicos.

Exigen acciones, no discursos

El Comité Nacional acusó que los comunicadores indígenas siguen siendo blanco de agresiones en un contexto donde el Estado no solo ha sido omiso, sino que en muchos casos ha mostrado complicidad con quienes buscan silenciar voces disidentes.

“No queremos más comunicados de condena. Queremos resultados, investigaciones reales, castigos a los responsables”, subrayaron.

La exigencia no fue solo para la FGR, también hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que se establezcan mecanismos de protección específicos y culturalmente pertinentes para quienes comunican desde los pueblos originarios. Criticaron que, pese a los discursos de inclusión y respeto, los comunicadores comunitarios siguen operando sin garantías mínimas de seguridad.

Entre el abandono y la impunidad

El asesinato de Salomón ocurre en una región donde, según diversas organizaciones, la falta de presencia estatal ha dejado espacio libre para intereses privados y autoridades locales que actúan con impunidad. Empresas extractivas han ingresado sin consentimiento de las comunidades, amparadas por gobiernos que desacreditan o criminalizan a quienes se oponen.

Los comunicadores comunitarios —muchos de ellos sin credenciales oficiales, pero con reconocimiento dentro de sus comunidades— enfrentan amenazas constantes por su trabajo. Y, a diferencia de periodistas en grandes ciudades, sus casos pocas veces llegan a la atención nacional o a las instituciones de protección de derechos humanos.

“Su voz no es menor. Es la voz legítima de pueblos que resisten. Exigimos justicia para Salomón, porque su vida vale tanto como la de cualquier otro periodista”, concluyó el Comité.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido información detallada sobre las líneas de investigación. Mientras tanto, en Patapan, la comunidad vela a su comunicador, mientras exige que esta vez, el crimen no quede impune.

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