Importantísima pero nunca reparamos en ella. Me refiero a la silla, sí, ese artículo que todos tenemos en casa para sentarnos o para invitar a nuestros invitados a hacerlo. Lo vemos como algo tan cotidiano que jamás pensamos en los millones de empleados que pasan ocho horas o más de pie y que, literal, para ellos es un garbanzo de a libra, para poder descansar aunque sea por unos minutos.

La Ley Silla forma parte de una serie de reformas laborales que se han implementado durante los gobiernos de la Cuarta Transformación y que, además de positivas, han generado un debate sobre la productividad laboral, especialmente considerando la falta de crecimiento en este ámbito. Sin embargo, la reciente implementación de esta ley representa un avance notable, un ejemplo de política laboral de bajo costo y alto impacto.

La Ley Silla, que entró en vigor el pasado 17 de junio, modifica los artículos 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), obligando a los empleadores a proporcionar asientos funcionales a los trabajadores que realizan sus actividades de pie durante periodos prolongados. Esta medida, aunque aparentemente simple, tiene implicaciones significativas para la salud y el bienestar de los empleados, reduciendo el ausentismo y mejorando la satisfacción laboral. La implementación de la ley, además, cuenta con un plazo de 180 días naturales para su adecuación, mitigando el impacto económico para las empresas, que a decir verdad no será tan grave y no hacerlo sí, pues los empresarios que se nieguen a implementarla podrían recibir sanciones significativas por incumplimiento.

Las multas por primera infracción pueden llegar a los 28,285 pesos, ascendiendo hasta los 282,850 pesos en casos más graves. La reincidencia en el incumplimiento conlleva sanciones aún más severas: la Secretaría del Trabajo y Previsión Social puede ordenar la suspensión temporal del establecimiento infractor. Esta estructura de sanciones busca asegurar el cumplimiento efectivo de la ley y proteger los derechos de los trabajadores.

A diferencia de otras reformas que implican costos considerables para las empresas, la Ley Silla representa una inversión relativamente pequeña con un potencial retorno significativo en términos de productividad y bienestar. La mejora en la salud de los trabajadores, al reducir la fatiga y el estrés físico, puede traducirse en un aumento de la eficiencia y la concentración, contrarrestando la baja productividad laboral que caracteriza a México.

La adopción de la Ley Silla en México se alinea con las prácticas de otros países que han implementado legislaciones similares con éxito durante décadas. Esta iniciativa no solo protege los derechos de los trabajadores, sino que también promueve un entorno laboral más humano y justo, donde la dignidad y el bienestar de los empleados son prioritarios. Solicitar una silla ya no es una petición, sino un derecho, y negarse a proporcionarla puede resultar en sanciones para los patrones.

En conclusión, la Ley Silla es un ejemplo de cómo las políticas laborales bien diseñadas pueden contribuir a la mejora de la productividad y el bienestar de los trabajadores sin representar un gasto excesivo para las empresas. Es un paso positivo hacia un futuro laboral más justo y equitativo en México, y un recordatorio de que invertir en la salud y el bienestar de los empleados es una inversión en la productividad y el éxito de las empresas.

Columna de Margot Pereyra en SDP Noticias

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