La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que su gobierno contemple abandonar la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de que este organismo recomendara no replicar en otros países el modelo mexicano de elección popular de jueces.

Durante su conferencia matutina de este martes, Sheinbaum criticó el informe de la OEA sobre la reciente jornada electoral y la reforma judicial. Aseguró que el organismo “excede completamente su función” al emitir recomendaciones sobre temas que, a su juicio, competen exclusivamente a los mexicanos.

“No estamos de acuerdo con este posicionamiento que excede completamente su función y realmente entra en asuntos políticos que solamente tienen que ver con los mexicanos”, expresó la mandataria.

A pesar de su desacuerdo, la presidenta fue clara al señalar que “no hemos considerado salir” del organismo internacional. Esto deja ver que, aunque hay molestia con la postura de la OEA, México continuará siendo parte del organismo hemisférico.

La polémica surgió luego de que la OEA publicara un informe en el que advierte sobre falta de criterios claros para la selección de candidatos judiciales, un nivel de participación ciudadana muy bajo (13%) y presuntas prácticas de presión al electorado, como el uso de “acordeones” para orientar el voto.

En respuesta, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), envió una nota diplomática al organismo, señalando que la reforma judicial se llevó a cabo dentro del marco legal y que se trata de una decisión soberana.

Sheinbaum reconoció la labor de los observadores internacionales durante la jornada electoral, pero insistió en que sus opiniones deben limitarse a los hechos del día de la elección, sin interferir en la organización del Poder Judicial mexicano.

“Pueden venir como observadores y decir qué pasó el día de la elección, pero decir o incluso orientar a los países de América Latina que no vayan a usar este método para elegir a su poder judicial, pues ¿de dónde lo sacan?”, cuestionó.

La reforma judicial, uno de los pilares del proyecto político de la actual administración, ha sido promovida como una forma de democratizar la justicia. Sin embargo, organizaciones nacionales e internacionales han expresado preocupación por una posible politización del sistema judicial y el debilitamiento de su independencia.

En medio de este debate, el gobierno insiste en que la reforma tiene el respaldo popular y representa una transformación profunda del sistema de justicia. No obstante, las críticas y llamados a mantener la separación de poderes seguirán marcando la discusión en los próximos meses.

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foto cortesía

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