Las calles del centro de Los Ángeles volvieron a ser escenario de protestas este 10 de junio, cuando cientos de migrantes y activistas se movilizaron por quinto día consecutivo para exigir un alto a las deportaciones, el cierre de centros de detención migratoria y la regularización de personas indocumentadas que viven en Estados Unidos.

Desde las 9 de la mañana, manifestantes comenzaron a reunirse en la intersección de Temple Street y North Main, justo frente a las instalaciones del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). Con pancartas en mano y consignas como “Ningún ser humano es ilegal” o “No más detenciones, no más deportaciones”, el contingente avanzó por calles como Spring Street, bloqueando temporalmente el tránsito y generando un operativo de seguridad que incluyó presencia policial en puntos estratégicos.

La movilización fue convocada por colectivos como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) y Immigrant Youth Coalition, en respuesta al incremento de redadas y operativos migratorios en California. Aunque la jornada se desarrolló mayormente en calma, hacia el mediodía se registraron tensiones con agentes de seguridad, especialmente cuando un grupo intentó ingresar a las oficinas locales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con datos del LAPD, al menos 36 personas fueron detenidas, principalmente por bloqueo de espacios públicos y desobediencia civil. El sargento Jonathan Caldwell declaró que las detenciones ocurrieron después de varias advertencias y que se respetaron los protocolos establecidos. Entre los arrestados se encuentra Valeria Muñoz, organizadora y rostro visible del movimiento, quien fue esposada frente a los medios mientras exigía que el alcalde se pronunciara sobre la relación entre las autoridades locales y el ICE.

Aunque la agencia migratoria aseguró que no participó directamente en los arrestos, sí reiteró que “la aplicación de la ley migratoria sigue siendo prioridad” y que las personas que violen regulaciones locales o federales pueden enfrentar procesos administrativos.

Organizaciones civiles han denunciado lo que consideran represión contra una protesta pacífica, señalando que la respuesta de las autoridades busca intimidar a una comunidad ya en situación de vulnerabilidad. “Esto es una estrategia de miedo, no de orden”, comentó Javier Hernández, director de la Red de Defensores Migrantes del Sur de California.

Las movilizaciones continuarán durante el resto de la semana, y podrían extenderse a otras ciudades del estado, como San Diego o Sacramento, según informaron los organizadores. “Las familias migrantes merecen respeto, no persecución”, subrayó Linda Rodríguez, vocera de CHIRLA.

Por su parte, la alcaldesa Karen Bass señaló que si bien se reconoce el derecho a manifestarse, las protestas no deben poner en riesgo la seguridad pública, aunque evitó pronunciarse sobre los arrestos ni confirmó si habrá nuevas restricciones como toques de queda.

Mientras tanto, videos en redes sociales muestran imágenes de fuerza excesiva por parte de policías durante la detención de manifestantes, lo que podría escalar la presión sobre las autoridades locales. Organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch ya han pedido una revisión a fondo de los protocolos utilizados durante estas detenciones.

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foto cortesía 

xmh