Tras el anuncio del gobernador Alejandro Armenta sobre su decisión de profundizar en las investigaciones relacionadas con el presunto daño patrimonial ocasionado durante el periodo morenovallista, ha resurgido una lista de exfuncionarios que ya habían sido señalados anteriormente por presuntas irregularidades, entre ellos el exsecretario de Finanzas y exsenador Roberto Moya Clemente.

Según la Auditoría Superior del Estado (ASE), en 2019 se reveló que al menos diez exservidores públicos enfrentaban denuncias presentadas desde 2018, entre ellos varios exsecretarios de Finanzas y Salud. Entre los señalados destacan Moya Clemente, uno de los impulsores del Centro Integral de Servicios (CIS) y del Museo Internacional Barroco, obras que, según registros, presentaron altos sobrecostos.

También figuran en la lista los exfuncionarios del sector salud como Mario Márquez Amezcua, Héctor Romay González Cobián, Arely Sánchez Negrete, Roberto Rivero Trewartha y Salvador Escobedo Zoletto, quienes fueron acusados por presuntas anomalías en su gestión.

En el área financiera, además de Moya Clemente, enfrentan denuncias Roberto Rivero Trewartha, Guillermo Edmundo Bernal Miranda, Raúl Sánchez Kobashi, Enrique Robledo Rubio y Eduardo Tovilla Lara, todos exfuncionarios de alto nivel durante el sexenio del exgobernador Rafael Moreno Valle.

El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso de la Unión explica que los contratos bajo el esquema de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) deberían proteger al estado de fluctuaciones en costos, pero en Puebla se documentaron incrementos significativos. Ejemplo de ello es el teleférico, cuyo presupuesto original era de 166 millones de pesos y terminó costando 359 millones, o el caso del Museo Barroco, que pasó de un costo estimado de 2 mil 375 millones a más de 7 mil 280 millones de pesos.

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Foto: Especial

cdch