• Nación

Alcaldesa de Acapulco rechaza auditoría estatal por desvío de 898 millones

  • Xóchitl Montero
El gobierno municipal no presentó la documentación comprobatoria de 511 obras financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, lo que impide verificar la correcta aplicación de estos recursos

La administración municipal de Acapulco, encabezada por la alcaldesa Abelina López Rodríguez, se encuentra en el centro de una controversia relacionada con el uso de recursos federales. La Auditoría Superior del Estado (ASE) ha señalado posibles irregularidades por un monto superior a los 898 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2023.

Según el informe de la ASE, el gobierno municipal no presentó la documentación comprobatoria de 511 obras financiadas con el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), lo que impide verificar la correcta aplicación de estos recursos. Ante esta situación, la ASE presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por presunto ejercicio indebido del servicio público y negativa a rendir cuentas sobre el uso de recursos federales.

Por su parte, la alcaldesa López Rodríguez ha rechazado las acusaciones, argumentando que los recursos del FAIS son de competencia federal y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la única facultada para fiscalizar su uso. En declaraciones recientes, calificó la actuación de la ASE como una "persecución" y aseguró que no tiene ninguna irregularidad que ocultar.

Esta disputa ha generado un intenso debate en la opinión pública y entre las autoridades estatales. El Tribunal de Justicia Administrativa emitió una resolución en febrero de 2025, reconociendo que la ASE tiene facultades para auditar los recursos federales ejercidos por los municipios. Sin embargo, la administración municipal insiste en que la fiscalización debe ser realizada por la ASF.

La situación se complica aún más con la existencia de una demanda de nulidad presentada por el gobierno municipal ante el Tribunal de Justicia Administrativa, que suspendió temporalmente las acciones de la ASE. Esta medida ha retrasado el proceso de fiscalización y ha añadido incertidumbre sobre el destino de los recursos públicos.

Mientras tanto, la ciudadanía y diversas organizaciones sociales exigen transparencia en el manejo de los recursos públicos y una pronta resolución de este conflicto. La falta de claridad en la aplicación de los fondos destinados a obras públicas genera desconfianza y pone en entredicho la eficiencia de la administración municipal.

 

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