El contrabando de combustible desde México hacia Estados Unidos se ha consolidado como una de las principales fuentes de financiamiento para diversos cárteles mexicanos, según la última Evaluación de la Amenaza Nacional de las Drogas (NDTA) elaborada por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA). Operaciones como “Top Fuel (Liquid Death)” han revelado que grupos criminales obtienen, roban y contrabandean combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex) hacia territorio estadounidense, donde lo venden a empresas mediante esquemas sofisticados de lavado de dinero. Este ilícito representa pérdidas millonarias tanto para México como para Estados Unidos.

La NDTA destaca que organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa (CDS), el Cártel del Golfo (CDG) y La Familia Michoacana (LFM) están involucradas en esta red de contrabando. En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a nueve mexicanos y 26 entidades relacionadas con el robo de combustible, incluyendo a un líder regional y miembro fundador del CJNG. Esta designación marcó un paso importante para desmantelar una de las mayores fuentes de financiamiento de los cárteles.

Además del contrabando de combustible, estos grupos criminales están involucrados en diversas actividades ilícitas, como el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo, la extorsión a agricultores y el lavado de dinero a través de empresas fachada. La colaboración con organizaciones chinas para obtener precursores químicos y la utilización de criptomonedas para blanquear ganancias ilícitas han ampliado su alcance y sofisticación.

La situación ha generado preocupación en ambos países, ya que el contrabando de combustible no solo afecta las finanzas públicas, sino que también alimenta otras actividades delictivas que impactan la seguridad y el bienestar de las comunidades. La cooperación bilateral y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad y la justicia son fundamentales para enfrentar este desafío.

Es necesario que las autoridades mexicanas implementen medidas más efectivas para prevenir el robo de combustible y el contrabando hacia Estados Unidos. Esto incluye mejorar la vigilancia en las instalaciones de Pemex, sancionar a los responsables y fortalecer la cooperación con las autoridades estadounidenses para desmantelar las redes de contrabando y lavado de dinero.

La lucha contra el contrabando de combustible y las actividades ilícitas asociadas requiere un enfoque integral que aborde tanto la oferta como la demanda de estos productos y servicios ilegales. Es imperativo que se implementen políticas públicas que promuevan el desarrollo económico, la inclusión social y la justicia, para reducir las condiciones que propician la participación de comunidades en actividades delictivas.

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foto cortesía 

xmh