En las últimas semanas, la Ciudad de México ha sido escenario de una serie de incidentes que han generado alarma entre los usuarios del transporte público. Al menos 41 personas han denunciado haber sido víctimas de pinchazos en el Metro, Metrobús, vía pública y en el Pumabús de Ciudad Universitaria. Aunque la mayoría de los casos no han resultado en lesiones graves, los síntomas reportados incluyen mareos, somnolencia y malestar general, lo que ha encendido las alertas sobre posibles agresiones con sustancias desconocidas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) ha confirmado que, de las 41 denuncias recibidas, 15 presentan lesiones compatibles con una punción, y en cuatro de ellas se detectaron sustancias en pruebas toxicológicas. Sin embargo, aún no se ha identificado con certeza el tipo de sustancia utilizada ni su propósito. Además, las autoridades han señalado que no se ha establecido un patrón claro en cuanto a las ubicaciones de los incidentes, lo que dificulta la identificación de los responsables.

En respuesta a esta situación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ha implementado un operativo de seguridad que incluye el despliegue de 5,800 elementos, así como la presencia de 200 policías encubiertos y observadores civiles dentro de las unidades de transporte. Además, se han reforzado los protocolos de atención médica y se han establecido medidas preventivas para proteger a los usuarios.

A pesar de los esfuerzos por parte de las autoridades, la falta de información clara y la ausencia de una postura oficial por parte del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro han generado desconfianza entre la población. Usuarios como Ana, una joven de 23 años que fue víctima de un ataque en la estación Salto del Agua, han expresado su preocupación por la falta de apoyo inmediato y la inexistencia de protocolos visibles para casos de emergencia. En su caso, la ausencia de personal de seguridad y la necesidad de buscar atención médica por su cuenta evidencian las deficiencias en la respuesta institucional ante estos incidentes.

Organizaciones civiles y colectivos feministas han señalado que estos ataques no solo representan un riesgo para la salud física de las personas afectadas, sino que también reflejan una creciente violencia en espacios públicos que deberían ser seguros. La falta de una respuesta contundente por parte de las autoridades y la ausencia de medidas efectivas para prevenir futuros incidentes han generado un clima de incertidumbre y temor entre los usuarios del transporte público.

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foto cortesía 

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