El INE perdió su misión, ante la sociedad civil ya no tiene legitimidad, dejó de ser una institución ciudadanizada para convertirse en un apéndice de Morena.

Su presidenta, Guadalupe Tadei trabaja abiertamente al servicio de Morena y el presidente del consejo, el gobernador sonorense Alfonso Durazo, tiene a media familia Tadei bajo su amparo.

Para nadie es un secreto que esta elección abrió la puerta para que los litigantes de los narcos se incrustaran en el poder judicial, por alianza o porque sus patrones han financiado campañas electorales a cambio de tener libertad de acción.

Incluso la presidenta Sheinbaum ha reconocido la presencia del crimen organizado en esta elección, en su mañanera comentó que ha instado a que si hay aspirantes con “alguna relación delincuencial” se denuncie, se investigue y se tomen decisiones. “Yo creo que es el momento de retirar candidaturas que no cubran el requisito. Si hay algún caso en que no cumple con la Constitución, por alguna relación delincuencial, o que no tiene de promedio lo que exige la Constitución, puede ser presentada desde mi particular punto de vista, y ya veremos qué decide el Tribunal”.

Es tal la desfachatez de quienes han llevado el proceso de selección, que hasta el líder del Senado, Gerardo Fernández Noroña reaccionó: “Hemos detectado algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”.

¿Alguien sabe por quién votar?

La elección que se realizará en menos de un mes dispone de 881 cargos, un número mayor que la elección federal del 2024, pero en este caso son personajes, salvo muy pocos, que no se conocen ni se sabe de sus trayectorias ¿cómo votar por ellos para que garanticen el Estado de derecho que requiere un país democrático?

Como ejemplo, se ha mostrado al menos dos nombres vinculados de alguna forma a narcotraficantes, Silvia Delgado, que en 2016 fue parte del equipo legal de Joaquín El Chapo Guzmán, y ahora aspira a jueza de lo penal en el estado de Chihuahua; y Fernando Escamilla, uno de los abogados de la defensa de Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40, líder de Los Zetas que fue trasladado en febrero a Estados Unidos.

La organización Defensorxs ha documentado hasta 13 casos, 11 de los cuales califica como “candidaturas altamente riesgosas”. Figuran simpatizantes de la Iglesia de La Luz del Mundo, la del criminal convicto Naasón Joaquín García; personas acusadas de acoso laboral y sexual, antiguos funcionarios vinculados a delitos graves, como la desaparición de un periodista o la muerte de visitantes en una prisión.

La presidencia de la SCJN

Luego tenemos el pleito entre tres bandas de poder por la presidencia de la SCJN. La ministra pirata, Yasmín Esquivel, esposa del contratista José Maria Riobóo, apoyada por AMLO y su séquito. Lenia Batres, hermana del porro de Marti Batres. Estas ministras han gastado, según se ha denunciado, más de 180 millones en sus campañas. La tercera, Loretta Ortiz, es quizás la menos peor, pero está ligada a Morena desde sus inicios.

Del resto de aspirantes a los 881 cargos, son tres o cuatro candidatos que realmente cubren un perfil profesional, como la hidalguense Rebeca Aladro, de la que no se comenta nada.

Una farsa que saldrá muy cara al erario y a México, porque lastimará profundamente la vida republicana, democrática y constitucional.

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Columna de Manuel Díaz en SDP Noticias

X: @diaz_manuel

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