El Instituto Nacional Electoral (INE) desechó la petición del Poder Legislativo para cancelar 26 candidaturas rumbo a la elección judicial del próximo 1 de junio, argumentando que no cuenta con facultades legales para intervenir en esta etapa del proceso. Durante una sesión del Consejo General, las y los consejeros recordaron que la reforma judicial no otorgó al INE atribuciones para anular candidaturas y que sólo podrá revisar los requisitos de elegibilidad una vez entregadas las constancias de mayoría, es decir, después de la jornada electoral.

La solicitud del Congreso se centró en 26 aspirantes que, según la denuncia, no cumplen con los requisitos académicos mínimos o presentan antecedentes de conducta cuestionable. Sin embargo, el INE subrayó que la evaluación de perfiles y la validación de los aspirantes correspondió a los comités de evaluación de los Poderes de la Unión, quienes determinaron su idoneidad conforme a los criterios establecidos por el Legislativo.

Ante la falta de facultades para intervenir en este proceso, el INE reiteró su compromiso de actuar conforme a sus atribuciones constitucionales y legales, sin interferir en competencias de otros poderes, y garantizar la imparcialidad y legalidad del proceso de elección judicial.

Esta decisión del INE se enmarca en un contexto de tensiones políticas y jurídicas en torno a la reforma judicial, que ha sido objeto de controversias y suspensiones judiciales. El proceso electoral para elegir jueces, magistrados y ministros por voto directo enfrenta desafíos legales que podrían afectar su desarrollo y legitimidad.