Un hombre de Maryland a Estados Unidos fue deportado por error a una prisión en El Salvador, ante esta situación una jueza federal le ordenó al gobierno del presidente Donald Trump que organice su regreso, mientras que un abogado gubernamental no dio explicación del hecho.

El gobierno presentó una apelación inmediatamente después del fallo, mientras que funcionarios del gobierno de Trump repitieron alegatos de que Kilmar Ábrego García es un peligroso miembro de una pandilla y que los tribunales de Estados Unidos no tienen control sobre el asunto.

“No estamos al tanto de que la jueza tenga jurisdicción o autoridad sobre el país de El Salvador”, señaló en un comunicado la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tras el fallo de la jueza federal de distrito Paula Xinis.

El expediente refleja que Ábrego García fue detenido en Maryland sin fundamento legal y sin mayor proceso ni justificación jurídica fue enviado a El Salvador.

Previamente a emitir el fallo, Xinis señaló que la deportación fue “un acto ilegal”, y presionó a Erez Reuveni, abogado del Departamento de Justicia, para que dé respuestas, muchas de las cuales no tenía.

La jueza también cuestionó por qué Ábrego García fue enviado a la prisión en El Salvador, en la que según observadores abundan las violaciones a los derechos humanos.

Por su parte la Casa Blanca ha dicho que Ábrego García es miembro de la pandilla MS-13, e insistió en esa afirmación después de la audiencia del viernes. Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, declaró que Washington tiene “informes de inteligencia de que está involucrado en el tráfico de personas”.

La defensa de Ábrego ha argumentado que argumentado que no hay evidencia de que él perteneciera a la MS-13. La acusación se basa en la afirmación de un informante confidencial en 2019 de que Ábrego García era miembro de una sección de la pandilla en Nueva York, donde nunca ha vivido.

Ábrego García contaba con permiso para laborar como aprendiz de hojalatero, legalmente en Estados Unidos, comentó su abogado. Salió del Salvador en 2011 pues enfrentaba amenazas de pandillas locales y en 2019 E.U le otorgó la protección contra deportación.

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