El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) tomó una decisión clave este 29 de marzo al prohibir a servidores públicos de los tres niveles de gobierno, incluida la Presidencia de la República, promover candidaturas o hacer llamados al voto para las elecciones judiciales programadas para el 1 de junio de 2025.

Durante una sesión extraordinaria, el INE ratificó su postura de que solo este organismo tiene la facultad legal para realizar actividades de difusión y propaganda relacionadas con este proceso electoral, dejando claro que ninguna otra autoridad o servidor público, incluyendo figuras como la Presidenta Claudia Sheinbaum, podrá intervenir en estos esfuerzos.

Restricciones a la propaganda gubernamental

El consejero del INE, Arturo Castilla Loza, subrayó que, de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), las autoridades públicas no pueden utilizar recursos públicos para promover la participación ciudadana ni para destacar los perfiles de los candidatos. En su intervención, indicó que el INE es el único órgano con la competencia para llevar a cabo estas tareas, tal como lo establece el artículo 506 de la ley.

“El INE es el encargado de promover la participación ciudadana en esta elección, no corresponde a ninguna otra autoridad ni a los servidores públicos no candidatos realizar esta función. Está claramente regulado por la ley”, afirmó Castilla Loza.

Prohibición de propaganda oficial

De acuerdo con el consejero Jaime Rivera, la propaganda gubernamental que promueva el voto o exalte los valores de una candidatura podría dar lugar a una falta de neutralidad política. Señaló que el uso de recursos públicos con fines electorales comprometería el principio de imparcialidad, sobre todo cuando las campañas y la propaganda gubernamental pudieran vincularse con intereses partidarios y políticos.

El INE también reiteró que los ministros de culto tienen prohibido hacer promoción de candidaturas, asegurando que la neutralidad religiosa debe ser respetada durante el proceso electoral.

Con esta medida, el INE busca garantizar que las elecciones judiciales se desarrollen con la mayor transparencia y equidad posible, evitando la utilización indebida de recursos públicos para fines electorales.

Enfoque hacia la legalidad y la transparencia electoral

La decisión de la autoridad electoral se alinea con su compromiso de vigilar que las elecciones se lleven a cabo dentro del marco legal y que no haya intromisiones por parte de autoridades o servidores públicos que puedan influir de manera irregular en los resultados. Esta regulación también marca una línea clara entre las funciones gubernamentales y los procesos electorales, un aspecto clave para mantener la confianza ciudadana en el sistema democrático del país.

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foto cortesía 

xmh