Este viernes, el gobierno encabezado por Donald Trump, solicitó a la Corte Suprema, permiso para continuar con las deportaciones de migrantes venezolanos a El Salvador, bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, mientras continúa una batalla judicial.

Esta apelación se produce tras el rechazo de la petición de la administración republicana ante el tribunal federal de apelaciones en Washington.

Un panel de jueces de apelación, mantuvo vigente una orden que prohíbe temporalmente las deportaciones de migrantes en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, de acuerdo con una votación de 2 a 1.

El Departamento de Justicia argumentó en documentos judiciales que los tribunales federales no deberían interferir en negociaciones diplomáticas delicadas.

El juez federal de distrito James E. Boasberg, juez principal del tribunal federal en Washington, emitió la orden que bloquea temporalmente las deportaciones. El presidente Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial para justificar la deportación de cientos de personas bajo una proclamación presidencial que llama a la pandilla Tren de Aragua una fuerza invasora.

“Aquí, las órdenes del tribunal de distrito han rechazado las decisiones del presidente sobre cómo proteger a la Nación contra organizaciones terroristas extranjeras y corren el riesgo de tener efectos debilitantes para las delicadas negociaciones extranjeras”, escribió la Procuradora General interina Sarah Harris en la presentación judicial.

Los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles presentaron la demanda en nombre de cinco extranjeros venezolanos que se encontraban detenidos en Texas, horas después de que se hiciera pública la proclamación.

El 01 de abril se ha fijado como fecha límite para una respuesta de la ACLU. El caso se ha convertido en un punto álgido en medio de una creciente tensión entre la Casa Blanca y los tribunales federales. Boasberg impuso una suspensión temporal de las deportaciones y ordenó el regreso a Estados Unidos de aviones repletos de inmigrantes venezolanos.

Boasberg dictaminó que los inmigrantes que enfrentan la deportación deben tener la oportunidad de impugnar su designación como presuntos pandilleros.

Su fallo afirmó que existe un fuerte interés público en prevenir la deportación errónea de personas con base en categorías que no tienen derecho a impugnar.

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LMR