Dos agencias de Inteligencia de Estados Unidos, mantendrán vigilada la región fronteriza con México como parte de una amplia ofensiva contra la inmigración irregular y los cárteles de la droga, así lo ha ordenada el gobierno del presidente Donald Trump.

La Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA, por sus siglas en inglés) y la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO), que forman parte del Departamento de Defensa, supervisan los satélites espía y analizan las imágenes para el Pentágono y otras organizaciones de inteligencia.

De esta manera y junto con el despliegue de dos tropas, se muestra la creciente militarización de la frontera sur, donde el presidente Donald Trump ha declarado una emergencia nacional.

Respecto a la vigilancia fronteriza, la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial comentó que había creado un grupo de trabajo para coordinar su “apoyo a la misión fronteriza de Estados Unidos”, mientras que la NRO dijo que se estaba asociando con la comunidad de inteligencia y el Pentágono “para asegurar las fronteras de Estados Unidos”.

Su participación responde a las amplias medidas ejecutivas de Trump destinadas a detener el tráfico y los cruces fronterizos no autorizados, así como a deportar a quienes se encuentran irregularmente en Estados Unidos, que se calcula que son hasta 14 millones de personas.

El Gobierno estadounidense ha desplegado inteligencia artificial (IA) y vigilancia con drones en la frontera durante años, la última iniciativa busca expandir el uso de capacidades militares generalmente construidas para conflictos en el extranjero.

Con el uso de la Inteligencia Artificial, el gobierno podría identificar objetos o personas de interés mediante el escrutinio de imágenes de satélite y otras fuentes de datos, al igual que el Departamento de Defensa en el campo de batalla.

Generalmente las leyes restringen a las agencias de espionaje estadounidense la vigilancia de ciudadanos y otros residentes legales, permiten a las autoridades de inmigración llevar a cabo registros físicos “a una distancia razonable de cualquier frontera exterior de Estados Unidos”.

Las regulaciones estiman esta distancia en 100 millas náuticas (unos 185 kilómetros) desde la frontera, un área que incluye ciudades como San Diego y El Paso.

Todas las actividades de inteligencia son “legales y autorizadas” y se llevan a cabo “de una manera que protege las libertades civiles y la privacidad de las personas estadounidenses.”, así lo dio a conocer un portavoz de la Oficina del director de Inteligencia Nacional, la principal unidad del Gobierno para la integración de los esfuerzos de espionaje.

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