No hace falta describir el impacto en la opinión pública que provocó el descubrimiento de un campo de adiestramiento criminal y de exterminio humano en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. De no ser por los colectivos de buscadores de personas desaparecidas, un caso como éste, que hace palidecer todos los descubrimientos de fosas clandestinas encontradas en México, seguiríamos con las narrativas de un combate al crimen organizado inexistente.

El colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco”, en conocimiento de denuncias ciudadanas, llegaron al Rancho Izaguirre, el cual encontraron abandonado, sin resguardo y con la puerta abierta. Al iniciar sus investigaciones en el sitio encontraron restos humanos calcinados, enterramientos en diversos puntos del predio, un lugar que servía para entrenar a sicarios, otro más donde, por la evidencia física, desmembraban cuerpos, tres improvisados hornos crematorios en donde se reducían a cenizas los cuerpos de las personas presuntamente secuestradas y asesinadas por no cumplir con los parámetros de los “empleadores” o integrantes del crimen organizado.

El grupo de búsqueda que informó a los medios de comunicación y a las autoridades de este hallazgo tiene los testimonios de sobrevivientes, quienes han narrado con una increíble crudeza los horrores que se cometían al interior del rancho. Indira Navarro, integrante del Grupo de Buscadores de Jalisco, describió en diversos programas periodísticos, con base en esos testimonios, cómo era la vida adentro de ese infierno. Un infierno que data, al menos desde el año 2012, y que en cálculos conservadores hablan del asesinato de al menos mil 500 personas.

Uno de los hallazgos que resultan inexplicables es la cantidad de pertenencias personales encontradas en el lugar. Hay identificaciones, ropa de todo tipo: pantalones de mezclilla, camisas, blusas, 400 pares de zapatos y mochilas, que revelan que los dueños originarios de esas pertenencias eran jóvenes en búsqueda de trabajo, lo que llevó a este grupo ciudadano a ligar el caso de Teuchitlán con las desapariciones de centenares de jóvenes en las terminales de autobuses del estado de Jalisco.

El caso tiene una magnitud inimaginable de gravedad porque hoy sabemos que los integrantes de estos grupos criminales han sido capaces de atrocidades que ni los nazis de la segunda guerra mundial o los talibanes se atrevieron a hacer en su momento. Según los testigos sobrevivientes de ese “campo de concentración mexicano” en el lugar ocurrieron delitos como pederastia, tráfico de órganos humanos, trata de personas, entre otros.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha exigido a la Fiscalía General de la República, que aún comanda Alejandro Gertz Manero, atraer la investigación de estos crímenes, lo cual ya confirmó el gobernador del estado de Jalisco, Pablo Lemus. Pero para tener una investigación profunda y creíble, el gobierno mexicano debe incluir el testimonio y declaraciones de dos importantísimos actores.

El primero es la Secretaría de Gobernación y su titular, Rosa Icela Rodríguez, quien se desempeñó como secretaria de seguridad ciudadana federal en tiempo de Andrés Manuel López Obrador ¿De verdad no tenía ninguna noticia de este asunto la hoy responsable de la política interna del país? En cualquiera de sus dos responsabilidades algo debe saber o declarar la hoy secretaria de gobernación.

El segundo actor fundamental es la Secretaría de la Defensa Nacional. El ejército mexicano y la Guardia Nacional descubrieron esa casa o rancho de seguridad en septiembre de 2024. El comunicado oficial número 164 de la Guardia Nacional fechado el 20 de septiembre de 2024 y que, al momento de escribir estas reflexiones para usted, aún estaba como documento público en internet, revela que integrantes de ambas corporaciones en cumplimiento de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y a denuncias ciudadanas, aseguraron un “campo de adiestramiento” en la comunidad La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, Jalisco.

El informe revela que fueron localizadas dos personas privadas de su libertad y 10 presuntos plagiarios. Dan cuenta de la localización de fusiles de asalto, armas cortas, 21 cargadores, una granada de mano, 10 placas balísticas, chalecos tácticos, cuatro vehículos. Lo que llama la atención es que en ningún momento el comunicado se refiere a un campo de desmembramiento y exterminio humano, o la localización de ropa, artículos personales y hornos improvisados para cremar restos humanos; nada.

O la intervención del ejército y la guardia nacional fue tan deficiente que “no se dieron cuenta” de lo que había en ese predio o las fuerzas armadas mexicanas están resguardando para sí, información sensible de éste y otros casos en los últimos tiempos. La comandante suprema de las fuerzas armadas, Claudia Sheinbaum, debe exigir una explicación detallada al ejército de este caso para ser presentado a la opinión pública.

El gobierno de México debe entender que, aclarar a satisfacción este asunto, es fundamental para su supervivencia política y la certeza que buscan en el combate al crimen. De no hacerlo, les habrá estallado en la cara un caso aún más doloroso y dramático que la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa de septiembre de 2014. Vivimos en un país en donde los cálculos políticos impiden la resolución de estas investigaciones. Aun no se sabe con certeza lo ocurrido en la Plaza de las Tres Culturas aquel 2 de octubre de 1968, no pretendamos que lo sucedido en Teuchitlán se aclare antes de la elección de jueces, ministros y magistrados del mes de junio de este año. No tengo duda de que este campo de exterminio habrá marcado históricamente a la cuarta transformación.

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Columna Ojos que sí Ven de Jesús Martín Mendoza en El Financiero

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