Los recientes crematorios y campos de concentración descubiertos en el estado de Jalisco han conmocionado a la opinión pública nacional. Según ha sido reportado, cientos de cuerpos de personas habrían sido desmembrados e incinerados por criminales que merecen el mayor desprecio. Se trata, sin temor a exagerar, de una de las imágenes más escalofriantes que han sacudido al país en su historia reciente.

Ha trascendido que los perpetradores de estos crímenes no son otros que los miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, organización criminal que, junto con el de Sinaloa, domina buena parte del Pacífico mexicano, a la vez que siembra el terror y la confusión a su paso.

Estas imágenes han evocado igualmente aquella terrible de la cabeza del alcalde de Chilpancingo que fue dejada sobre el toldo de un coche en la capital del estado de Guerrero. Ambas han arrojado a la luz pública el profundo estado de putrefacción que destruye a una nación.

Estos sucesos han tenido lugar en México; un país que se jacta de ser miembro del G-20, de pertenecer a una de las regiones comerciales más dinámicas del mundo, de ser vecino de Estados Unidos y Canadá, de contar con autoridades públicas y de apoyar mayoritariamente a un gobierno que jura combatir la inseguridad.

Si bien el asunto es responsabilidad de la fiscalía del estado de Jalisco, el gobierno federal sí que debe participar en las investigaciones, pues antes que nada se trata de actos perpetrados por la delincuencia organizada, lo que es, a todas luces, un asunto de Estado.

En otro orden de ideas, el lector recordará que personajes prominentes de Morena alzaron la voz cuando el gobierno de Estados Unidos declaró a los cárteles como organizaciones terroristas. En vez de poner el acento en la urgencia de combatirlos, decidieron dirigirse al discurso de la soberanía para denunciar que Washington interviniese en “asuntos de carácter interno”. Patético.

¿No ha quedado más que claro que estas organizaciones criminales son terroristas? Lo son no únicamente a raíz de las declaraciones de la Casa Blanca, sino a la luz del propio código penal mexicano y a juzgar por las espeluznantes historias narradas por las mujeres buscadoras que descubrieron el sitio.