El objetivo es avanzar en el esclarecimiento de los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando los estudiantes fueron detenidos por la policía en Iguala, Guerrero, y posteriormente desaparecidos en circunstancias aún no completamente aclaradas. Aunque la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia seguirá operando, el nuevo equipo especializado ocupará un papel protagónico en este proceso.

 

Una de las novedades más destacadas de esta reunión fue la posibilidad de que el expresidente Enrique Peña Nieto sea llamado a declarar, en caso de que los avances de la investigación tecnológica arrojen elementos que lo vinculen directamente con los hechos. Rosales explicó que, si la nueva metodología proporciona pruebas suficientes, se procederá a citar al exmandatario, algo que sería un paso trascendental para esclarecer si hubo responsabilidades de alto nivel en el caso.

 

Para los familiares de los estudiantes desaparecidos, esta nueva fase representa un avance significativo. La incorporación de herramientas tecnológicas y científicas podría darles respuestas más concretas después de años de impunidad y falta de avances sustanciales. Las pruebas tecnológicas, según Rosales, son más sólidas y confiables, lo que aumenta las posibilidades de obtener resultados más definitivos en este doloroso capítulo de la historia reciente del país.

 

Aunque el camino por recorrer sigue siendo largo, el hecho de que se estén tomando nuevas medidas para revisar el caso bajo otro enfoque proporciona un atisbo de esperanza a las víctimas y a quienes exigen justicia. Si los avances tecnológicos y científicos logran esclarecer lo sucedido, podría sentarse un precedente en la lucha contra la impunidad y la falta de justicia que ha marcado a varios casos emblemáticos en México. La implementación de estas nuevas herramientas es un paso clave, pero queda por ver si realmente arrojarán los resultados que tantos esperan desde hace más de ocho años.

 

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xmh