El CJF subrayó que cualquier insinuación sobre la imparcialidad de los jueces y su conducta profesional carece de fundamento, y reiteró su disposición a actuar conforme a derecho si se presentan pruebas que respalden las declaraciones de García Harfuch. Además, destacó que en un Estado de derecho, las autoridades deben acudir a las instancias legales para resolver cualquier desacuerdo o irregularidad, asegurando que las decisiones judiciales siempre pueden ser impugnadas por las vías legales correspondientes.

 

El secretario de Seguridad, por su parte, había señalado durante una conferencia de prensa que el gabinete de seguridad estaba al tanto de un “riesgo” relacionado con la liberación de algunos de los narcotraficantes solicitados por Estados Unidos. García Harfuch sugirió que estos riesgos eran el resultado de presuntos acuerdos entre los narcos y algunos jueces que buscaban retrasar o incluso detener los procesos de extradición, una práctica que, según él, se había dado en el pasado.

 

En su respuesta, el Consejo de la Judicatura Federal dejó claro que cada resolución judicial tomada por sus miembros es susceptible de ser impugnada, siguiendo los procedimientos legales establecidos. También reafirmó su compromiso con la justicia y con el fortalecimiento del Estado de derecho en México, dejando en claro que cualquier acusación sin pruebas no puede ser tomada como válida.

 

Este intercambio de declaraciones entre el CJF y el funcionario de seguridad ha generado preocupación, ya que pone de manifiesto las tensiones existentes entre las instituciones encargadas de la justicia y las de seguridad en el país. Si bien las acusaciones de corrupción judicial son graves, es fundamental que se cuente con evidencias sólidas antes de realizar aseveraciones que puedan dañar la reputación de quienes ejercen la función judicial.

 

En este contexto, es crucial que tanto las autoridades judiciales como las de seguridad mantengan una comunicación transparente y respetuosa, pues el combate al crimen organizado y la lucha por la justicia en México requieren de un trabajo conjunto y sin ambigüedades. Sin embargo, las acusaciones deben ser tratadas con el debido proceso legal para evitar que la desconfianza y la especulación se apoderen de las instituciones encargadas de garantizar el orden y la seguridad en el país.

 

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