¿Cuál es el riesgo real de que las calificadoras más importantes del mundo retiren el grado de inversión a la deuda soberana del país?

Antes de responder a esta pregunta, permítame recordar cuáles son las calificaciones de la deuda soberana de México, según las tres principales agencias calificadoras.

Moody’s otorga a México una nota de Baa2 con perspectiva negativa, lo que implica dos niveles por encima del grado de inversión. Incluso si se degradara en un escalón, no se perdería dicho estatus.

Por su parte, S&P califica al país con BBB y perspectiva estable, también situándose dos escalones por encima del grado de inversión.

Finalmente, Fitch Ratings asigna una calificación de BBB- con perspectiva estable, posicionándose solo un nivel por encima del grado de inversión.

Cabe destacar que Moody’s modificó la perspectiva de la nota mexicana de “estable” a “negativa” el 14 de noviembre del año pasado. Una perspectiva negativa sugiere la posibilidad de una degradación dentro de un plazo de entre 12 y 18 meses.

En contraste, S&P ratificó su calificación y perspectiva a finales del año anterior, argumentando la fortaleza financiera del país tras la decisión política de reducir el déficit público este año, así como la independencia del Banco de México (Banxico).

Fitch, por su lado, también reafirmó su calificación y su perspectiva estable en julio de 2024, poco más de un mes después de las elecciones, y no ha realizado cambios desde entonces.

La relevancia del grado de inversión es que hay muchos fondos de inversión que exigen que los bonos que adquieren tengan esta calificación, excluyendo a papeles que carecen de esa acreditación.

Es evidente que los juicios que hoy tienen las calificadoras podrían modificarse, especialmente si se anticipa un horizonte que trascienda este año.

El factor clave será la disciplina en las finanzas públicas. Si se observa una trayectoria del déficit acorde con lo señalado por la Secretaría de Hacienda en los Criterios de Política Económica, considero que no habrá cambios este año ni en los primeros meses del próximo.

¿Qué podría alterar esta trayectoria?

1. Un crecimiento económico sustancialmente inferior al previsto.

En este escenario, uno de los factores más influyentes sería la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos, lo que podría frenar drásticamente las exportaciones y, consecuentemente, reducir significativamente el nivel esperado del PIB.

2. Una trayectoria del gasto público considerablemente superior a la proyectada.

Si el gasto, por cualquier motivo, se descontrola y resulta más elevado de lo previsto a lo largo del año, probablemente encendería las alarmas entre los analistas de las calificadoras, quienes podrían anticipar un déficit mayor al estimado.

3. El desempeño de Pemex.

Las calificadoras evaluarán con detenimiento el comportamiento de la empresa petrolera. Si se percibe que el modelo financiero de Pemex sigue requiriendo transferencias muy elevadas de recursos públicos, esto generará señales de advertencia difíciles de ignorar.

Además, en sus evaluaciones, las calificadoras han mencionado diversos elementos que afectan el clima de negocios en México, como la relación económica con Estados Unidos más allá del tema aranceles y el impacto que pueda tener en dicho clima la elección judicial.

Un deterioro adicional en las perspectivas de crecimiento del país –derivado, por ejemplo, de una prolongada incertidumbre por la revisión del T-MEC o de dudas sobre la funcionalidad e imparcialidad del sistema judicial– contribuiría a un menor crecimiento económico y, por ende, a un posible empeoramiento de las finanzas públicas.

En menos de dos semanas tendremos el primer reporte de las finanzas públicas de este año, el cual comenzará a esbozar algunas respuestas a estas interrogantes.

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Columna Coordenadas de Enrique Quintana en El Financiero

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