En un esfuerzo por brindar apoyo a los mexicanos deportados desde Estados Unidos, el Gobierno Federal ha instalado 10 Centros de Atención a connacionales en los estados fronterizos. Hasta la fecha, estos centros han recibido a 2,016 repatriados, según lo informó la presidenta Claudia Sheinbaum. Aunque la cifra parece baja, la mandataria aseguró que los centros seguirán operando por varios meses más, y que incluso se evaluará la posibilidad de ampliarlos en caso de que sea necesario.

Los centros están ubicados en puntos clave de la frontera norte del país: Tijuana y Mexicali en Baja California; Nogales en Sonora; Ciudad Juárez en Chihuahua; Nueva Rosita en Coahuila; El Carmen en Nuevo León; y Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo en Tamaulipas. El objetivo de estos espacios no es solo ofrecer alojamiento, sino también brindar asistencia en temas de documentación, registro a programas sociales y apoyo económico de hasta 2,000 pesos para el transporte hacia su lugar de origen.

A pesar de la buena intención de estas iniciativas, el uso real de los centros de atención es limitado. De acuerdo con la información proporcionada por Sheinbaum, solo un 17% de los repatriados ha utilizado estos espacios, lo que plantea interrogantes sobre la efectividad del programa. 

Aunque la mayoría de los repatriados optan por continuar su camino hacia otros destinos, algunos deciden quedarse en los centros por breves períodos, evidenciando que la necesidad de un refugio permanente podría no ser tan apremiante como el proceso de reintegración laboral y social en su comunidad.

Uno de los puntos clave mencionados por la presidenta fue que, si bien la capacidad de los centros es mayor, la mayoría de los repatriados prefieren seguir su camino cuanto antes. 

Esto pone de manifiesto que, si bien el apoyo es necesario, no es necesariamente suficiente para los repatriados, quienes se enfrentan a la difícil tarea de reconstruir sus vidas en un país que muchos ya no reconocen o del que han estado alejados por años.

Por otro lado, la baja utilización de estos centros también plantea la pregunta de si los recursos están siendo aprovechados de la manera más efectiva. Si solo el 17% de los deportados se beneficia de los servicios ofrecidos, ¿sería más eficiente destinar esos recursos a otros programas de reintegración o apoyo a las comunidades más vulnerables? La cifra, aunque no es mayoritaria, señala un patrón: la gran mayoría prefiere continuar su camino, lo que sugiere que el apoyo brindado aún no responde por completo a las necesidades inmediatas de los repatriados.

Además, la promesa de ampliar los Centros de Atención si la demanda lo requiere es un punto que queda pendiente. La incertidumbre sobre el futuro de estos programas podría generar expectativas poco claras entre los deportados, que a menudo buscan soluciones rápidas y eficientes para poder regresar a sus lugares de origen o reinsertarse rápidamente en la vida laboral. 

Aunque la asistencia es importante, la falta de un plan claro sobre su sostenibilidad y expansión podría restar confianza a este programa.

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foto cortesía 

xmh