Tal parece que en el gobierno nacional no dimensionan la gravedad de la amenaza que representa Trump 2.0. Con insistencia tratan de convencerse a sí mismos que es historia conocida y que como en el pasado pudo lograrse entendimiento, ahora será igual. Prácticamente nadie acepta dicha tesis, al contrario, la versión del Trump actual no guarda semejanza con la anterior. A la mejor en el gobierno piensan otra cosa de lo que dicen, quizás.

La amenaza Trump no es menor y ataca en tres frentes: la soberanía, los derechos humanos y la economía. Se entiende que la presidenta Sheinbaum llame a la prudencia e insista en lidiar en el asunto con cabeza fría. Pero no puede haber engaño, es delicado para el mundo y más para para México. Bueno que haya firmeza, pero no que se minimice porque el país en su conjunto debe estar preparado para la adversidad. Sería útil que la presidenta escuchara voces distintas a las de siempre. Insistir en la polarización, como ha hecho en estas semanas y estigmatizar a la oposición como traidores al servicio del intervencionismo trumpista es un error y, por los riesgos de por medio, una irresponsabilidad. Al menos hizo un guiño a los gobernadores opositores.

La soberanía, como nunca, está comprometida por la determinación del presidente Trump de calificar de terroristas a los grupos criminales. No debe soslayarse que tal postura goza de aceptación entusiasta en la sociedad norteamericana, incluso de muchos en México que, en la desesperación por la impotencia o indolencia gubernamental, ven en la postura norteamericana la oportunidad para revertir la violencia del crimen organizado. La descomposición social por el dominio del criminal en muchas partes del país no debe soslayarse. Muy positivo que el gobierno haya dado desde el inicio un giro a la estrategia de seguridad, resultados que se miden con detenciones y drogas aseguradas, pero todavía hay un largo tramo para la recuperación sensible del Estado de Derecho. De cualquier manera, llevar a la justicia a los delincuentes es responsabilidad de las autoridades mexicanas, no de las norteamericanas, acción que por su dificultad no excluye apoyo, cooperación y colaboración entre ambos países.

En el tema migratorio subyace un drama humano. Su propio origen es producto de la falta de oportunidades y de la violencia. Las autoridades mexicanas hacen el ridículo difundiendo el menú para los deportados sin entender que las razones que les movió a abandonar sus hogares subsisten o se han agravado, y el regreso una tarea imposible. Voces como la de Tonatiuh Guillén, experto en el tema y digno sucesor de uno de los pioneros más respetables en la investigación de la migración, Jorge Bustamante, deben escucharse para ir dimensionando la magnitud del problema y la insuficiencia de la respuesta gubernamental, claramente manifiesta en la decisión presupuestaria. Los recursos asignados son la medida del compromiso del gobierno con los migrantes o los derechos humanos; es evidente, no son prioridad del gobierno ni de sus legisladores.

Es difícil comprender que un régimen que se llena la boca cada vez que puede de ser la expresión del humanismo mexicano sea indolente en extremo ante la tragedia social que acompaña al tema migratorio. Así fue en los años de López Obrador y en el actual gobierno. La retórica oficial, mucho muy lejana del mundo real, de los hechos y del quehacer de las autoridades; inimaginable si se materializan las deportaciones masivas. Se requiere un programa emergente que incluya a los organismos internacionales para enfrentar una situación que de antemano se perfila trágica.

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Columna de Federico Berrueto en SDP Noticias

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