La civilidad de una sociedad se mide en la manera como lidia con sus criminales. En México la situación no da para mucho, porque se ha vuelto problema mayor por los extremos de crueldad de dichos criminales. Muchas partes del país viven condiciones de extrema gravedad porque no hay autoridad y la que existe está sometida al control del grupo delictivo dominante. La justicia penal vive uno de sus peores momentos como constata la aterradora cifra de impunidad. En gran parte del país asesinar no se acompaña de justicia.

Este régimen confía más en los militares y en los policías que en los jueces. No sólo se advierte por la destrucción del sistema judicial federal, la parte más sana de todo el sistema legal, sino por los cambios en la Constitución para aumentar los delitos que abren la puerta a la detención discrecional y sin intervención de juez. La voz de alerta es discreta si se considera la atrocidad que significa dar poder legal a las policías para detener a ciudadanos. Con el cambio no habrá juez que certifique la existencia de elementos suficientes para acreditar un delito.

En la Corte hubo una interesante deliberación y decisión si la detención preventiva era equivalente a la detención automática. El argumento más sensato desde el punto de vista de los derechos humanos y del detenido, argumentaba que de cualquier manera el juez debe intervenir y verificar la legalidad de la detención. Lamentablemente el problema es doble, policías y ministerios públicos propensos a desentenderse de los derechos de los detenidos y jueces que no actúan con rigor para hacer valer las garantías del individuo, más ahora con lo que se avecina y en el que el juicio de amparo o la intervención de la justicia federal se vuelve peor que incierta.

Llama la atención la proclividad a resolver con coartadas el grave problema de la criminalidad. Un error monumental la reforma judicial. Bastante hay por hacer y en buena parte en el área policiaca, la investigación de delitos, la relación del ministerio público con la víctima, las defensorías de oficio, el sistema penitenciario, el esquema de coordinación entre autoridades e instancias judiciales, la tecnología preventiva y de vigilancia con asistencia de la inteligencia artificial, etc. Se alude más a las autoridades no a los poderes judiciales, aunque es cierta la necesidad de revisar qué ocurre en gran parte de los estados por el mal desempeño de la judicatura.

Empoderar a policías y modernizar la investigación de los delitos es una parte importante de la solución, pero no aisladamente, sin introducir cambios que orienten la acción de la autoridad, limiten la arbitrariedad y contengan el abuso. Razón por la que se requiere un sistema de justicia penal que parta de los principios fundamentales del debido proceso y la presunción de inocencia. La prisión preventiva a rajatabla es la negación de la justicia y del respeto de los derechos humanos, por esta consideración debe practicarse de manera excepcional y siempre con intervención judicial.

La desesperación por el problema delictivo y de la violencia asociada lleva a errores de lamentables consecuencias. No es la militarización la mejor respuesta para enfrentar la inseguridad pública; tampoco ampliar la discrecionalidad de las policías para actuar frente a presuntos delincuentes. Se trata de una respuesta judicializada, aquella que se da en el marco del respeto a las garantías individuales.

Es razonable pensar en serio en la prevención, en atacar las causas de la delincuencia. El régimen ha referido a la pobreza y a la desigualdad; no necesariamente es el caso, más bien parece ser que la falta de oportunidades lleva a muchas personas, no necesariamente los más pobres, a optar por la vía de la delincuencia, proceso que no es tan simple, caso de la leva de los criminales en comunidades y zonas marginadas.

La ausencia de justicia penal es la causa mayor de la delincuencia. Los riesgos que enfrentan quienes optan por el crimen no deriva de enfrentar a las fuerzas del orden o la acción de la justicia, más bien es la disputa con bandas delictivas rivales o con la manera de disciplinar a la tropa delictiva.

No todo el país está sometido a la delincuencia organizada. Una y otra vez se debe insistir en la lección que dejan las buenas prácticas y experiencias. La mejor respuesta preventiva y correctiva contra la delincuencia es abatir la impunidad.

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Columna de Federico Arreola en SDP Noticias

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