2024 fue un año singular y trascendente. Un año trágico para quienes asumimos como pérdida la democracia que se fue decantando después de la elección presidencial de 1988. Una minoría seguramente, ante una mayoría mayormente complaciente e indiferente. Quienes tienen el poder se arrogan la representación del todo y así han actuado e impuesto cambios constitucionales que lastiman en sus fundamentos el proyecto democrático. La democracia mexicana con sus imperfecciones ha pasado a mejor vida; llegó algo distinto, muy próximo a la autocracia, un ejercicio vertical y discrecional de poder.

La crónica previa a la elección da cuenta de un falso optimismo opositor. No para creer que se pudiera derrotar al oficialismo, sí para impedirle se hiciera de una mayoría robusta. En México y en EU se subestimó al adversario y los resultados cayeron como sorpresa, para nadie más que para los mismos opositores. La derrota fue abrumadora, no sólo en votos, también en el sentido de la política y de los proyectos en contienda. Aquí, la competencia fue desigual en extremo, la parcialidad del gobierno nacional y de los estados afines a Morena fue abrumadora, pero no explica todo. El impacto de los programas sociales, las divisiones en la oposición y el peso del pasado transformado en rencor social contó mucho para un resultado que favoreció al oficialismo más allá de lo esperado.

La oposición hizo cuentas alegres. Sus dirigencias no cuidaron la elección legislativa. Se sirvieron con la cuchara grande en la definición de candidaturas y de prerrogativas, dejando a sus candidatos en territorio a la deriva. Es un desastre mayor prevalecer en tan solo 44 distritos de 300, sobre todo porque en algunos de ellos se tuvo éxito en la elección de gobernador y alcalde. Faltó destreza para construir un frente unido opositor, más allá de la perfidia de Dante Delgado y de Samuel García. Una vergüenza que el PRD ganara dos senadores, Sabino Herrera y Araceli Saucedo que, en la primera oportunidad se pasaron a Morena, como la intencionada ausencia del senador emecista Daniel Barreda de Campeche y la traición de Miguel Ángel Yunes del PAN al momento de votar la histórica decisión de destruir al Poder Judicial Federal, última trinchera de resistencia de la república democrática. Las defecciones muestran que no fue el mandato popular la base para la destrucción democrática, sino la política del poder en sus peores expresiones, además aplaudida desde la más elevada oficina pública.

No es un asunto menor que la disputa presidencial se diera entre dos mujeres. Asimismo, que la paridad de género en cargos públicos y órganos representativos haya registrado avances sustantivos. Queda claro que el empoderamiento de la mujer en cargos políticos no contiene la persistente inequidad ni la violencia contra la mujer. Los feminicidios, las violaciones y los embarazos de menores son muestra de una trágica realidad más allá de la visibilidad que ha adquirido la exigencia de las mujeres por una mayor igualdad y trato digno. Significativo tener una mujer presidenta, especialmente en un país misógino y violento contra la mujer, que plantea una agenda más allá de la equidad de género en el ámbito de la política.

La elección fue inequitativa e injusta. Su precedente en términos semejantes fue hace tres décadas. En ese entonces no había independencia plena del INE ni del Tribunal Electoral, tampoco una legislación ni disposición constitucional que explícitamente mandatara la imparcialidad de los servidores públicos y especialmente la del presidente de la República. La grosera interferencia estableció un precedente del que difícilmente el país escapará, más ahora ante la perspectiva del sometimiento al poder del organizador de las elecciones y supervisor de campañas, así como del árbitro jurisdiccional.