En los últimos días, la reforma a la Ley del Infonavit ha generado un debate encendido que no puede ser pasado por alto. En el centro de la discusión se encuentran dos narrativas contrapuestas: por un lado, el gobierno asegura que esta iniciativa fortalecerá las opciones de vivienda para los trabajadores; por el otro, voces de la oposición y de algunos sectores sociales alertan sobre posibles riesgos en el manejo de los ahorros acumulados en el Fondo Nacional de la Vivienda.

El primer punto a considerar es la promesa oficial. La jefa del ejecutivo, Claudia Sheinbaum, ha sido clara al declarar que los ahorros de los trabajadores no corren ningún peligro. Insiste en que la reforma busca ampliar las oportunidades de acceso a vivienda digna sin comprometer la seguridad financiera de los derechohabientes. Es una afirmación contundente que, de ser cierta, debería calmar las aguas. Pero la desconfianza hacia el uso gubernamental de los fondos públicos no es fortuita; viene precedida por años de ejemplos donde recursos que debían ser protegidos terminan desviados o administrados con poca transparencia.

De acuerdo con lo expuesto en la reforma, el Infonavit podrá retomar la construcción de viviendas a través de una empresa filial, un modelo que había sido abandonado desde hace varias décadas. Este regreso a la promoción directa de vivienda es presentado como una solución para la falta de oferta en el mercado inmobiliario. Sin embargo, también abre interrogantes sobre la capacidad de gestión del propio instituto y, más preocupante, sobre la fuente de los recursos necesarios para financiar estas construcciones. Si bien no se menciona explícitamente que los ahorros de los trabajadores serán utilizados para este fin, la ausencia de claridad alimenta sospechas justificadas.

Por su parte, la oposición ha planteado que esta reforma podría convertir al Infonavit en una “caja chica” del gobierno, un argumento que, si bien puede sonar partidista, no está exento de fundamentos históricos. En el Senado, legisladores del PRI y otros grupos minoritarios han advertido que el control centralizado de los recursos pone en riesgo el equilibrio que debe existir entre las decisiones del ejecutivo y las necesidades reales de los trabajadores. Algunos incluso han llamado a los derechohabientes a recurrir a amparos como una medida preventiva. Este llamado refleja una preocupación latente por la falta de contrapesos en el manejo de una institución tan relevante para la seguridad social de millones de mexicanos.

Lo que es innegable es que la reforma fue aprobada con una mayoría calificada en el Congreso, gracias al dominio legislativo de Morena. Este hecho, aunque legal, también subraya el desequilibrio político que limita los espacios para un debate plural y crítico. Cuando una reforma de esta magnitud se aprueba sin un consenso amplio, es difícil convencer a la opinión pública de su buena fe, y mucho menos, garantizar su aceptación social.

El manejo de los recursos del Infonavit no es un tema menor. Representa el esfuerzo de generaciones de trabajadores que han confiado en un sistema diseñado para garantizarles una vivienda digna. Si esta confianza se ve erosionada, el costo social será incalculable. Y no solo hablamos de un problema inmediato; las consecuencias podrían impactar a largo plazo, debilitando uno de los pilares más importantes de la seguridad social en el país.

Es cierto que el acceso a la vivienda en México enfrenta retos considerables. Desde la especulación inmobiliaria hasta la falta de crédito para sectores vulnerables, los problemas son profundos y estructurales. En ese sentido, una reforma que busque ampliar las opciones para los trabajadores es necesaria y bienvenida. Pero esta necesidad no debe ser pretexto para implementar cambios que generen más preguntas que respuestas. La transparencia en la administración de los fondos y la inclusión de mecanismos de supervisión independientes son indispensables.

En este momento, la pelota está en la cancha del gobierno. Si sus intenciones son realmente fortalecer el sistema de vivienda para los trabajadores, debe demostrarlo con acciones concretas y una comunicación efectiva. Los detalles de la reforma deben ser explicados con claridad, no solo en conferencias de prensa, sino también en foros abiertos donde las inquietudes de los trabajadores puedan ser atendidas. Además, el gobierno debe estar dispuesto a implementar candados que garanticen la protección de los ahorros, aun cuando esto signifique ceder parte del control al escrutinio ciudadano.

En el ejercicio del poder, las buenas intenciones no bastan. La historia reciente nos ha enseñado que los cambios que afectan los derechos de los ciudadanos deben ser cuidadosamente diseñados y transparentemente ejecutados. Si el gobierno realmente busca beneficiar a los trabajadores, esta reforma al Infonavit podría ser una oportunidad histórica para mejorar el acceso a la vivienda en México. Pero si no se manejan con cuidado los fondos que tanto esfuerzo ha costado acumular, podría convertirse en un ejemplo más de cómo las promesas de progreso terminan socavando la confianza pública. Por el bien de todos, esperemos que sea lo primero.

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Columna de Ever Fernando en SDP Noticias

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