Resultado de la colaboración y cooperación interinstitucional, en una acción encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con el gobierno de Estados Unidos de América, a través de la Oficina de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-ERO, por sus siglas en inglés), recibieron Osiel “N”, tras su deportación al país para posteriormente ingresarlo al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) No. 1 Altiplano, en el Estado de México.

A las 09:25 horas, Osiel “N”, fue entregado por autoridades de Estados Unidos de América, en la frontera de Tijuana, Baja California, posteriormente fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México y aproximadamente a las 17:35 horas fue ingresado al CEFERESO No. 1 localizado en el Estado de México, sin que se registrara ningún incidente.

Esto derivado del cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de Delincuencia Organizada en la hipótesis de delitos contra la salud.

Actualmente, la FGR cuenta con tres órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentar en contra de Osiel “N”, por los delitos de homicidio calificado, delincuencia organizada y contra la salud.

Con la detención Osiel “N” se reactivarán y continuarán siete procesos penales federales, por su probable responsabilidad en la comisión de diversos delitos, entre los que se encuentran delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita, acopio, portación y posesión de armas de fuego y de cartuchos de uso exclusivo del Ejército, posesión de cartuchos de uso exclusivo del Ejército y cohecho.

Por estos delitos, se estima que Osiel “N” alcance una pena aproximada de hasta 730 años de prisión por las órdenes de aprehensión pendientes, más las penas que resulten por los procesos que serán reactivados.