Se dice que la democracia cuesta, pero que más cuesta no tenerla. Aunque todos la invocan, en estos días a pocos les importa. No hay interés en la mayoría de los ciudadanos porque otros temas les preocupan más, como su economía y la seguridad. De ellos se entiende, no de quienes viven de la democracia y para la democracia: los partidos, los políticos y hasta los empresarios y otros interesados en un país de reglas y de poder dividido. El deterioro de la democracia viene de muchas partes, no sólo de la intención autocrática de López Obrador y los suyos.

A iniciativa del expresidente se destruyó el sistema judicial vigente para transitar al absurdo régimen de juzgadores electos por voto popular. Si la idea fuera virtuosa México tendría autoridades de excelencia al igual que representantes legislativos. De la misma forma, si elegir juzgadores por voto popular es lo mejor, por qué no existe como opción en el mundo democrático. Sus excepciones revelan que no funciona, como el caso de algunos jueces en EU y, precisamente por la intervención del dinero se compromete la imparcialidad e independencia del juzgador.

El voto no es filtro ni mandato para individuos, sino para proyectos políticos, por eso la democracia funciona con partidos. Pensar que el voto es garantía para elegir juzgadores independientes, capaces e imparciales es una barbaridad, que se agrava por la parcialidad de los órganos que habrán de seleccionar los prospectos de candidatos.

Además, el problema mayor no es conceptual o funcional, sino práctico. ¿Cómo hacerle para que los ciudadanos puedan votar a sus jueces, magistrados y ministros? El sistema electoral mexicano no está hecho para eso. Elegir individuos es un proceso muy complejo porque pulveriza la decisión, no la simplifica. Además de las dificultades logísticas para la organización del proceso, las campañas y los instrumentos electorales existe el problema de que es imposible para el votante decidir sobre miles de nombres y muchas boletas o una sola muy plena de opciones a votar. Al menos en un proceso electoral la postulación por un partido da alguna idea; en este caso es imposible porque la decisión del voto debe partir del conocimiento de los candidatos, que simplemente es imposible. Supuesto necesario de un proceso genuinamente democrático es el voto informado sobre las opciones, la elección de juzgadores lo hace imposible.

El INE desde el inicio debió decir que la institución no está preparada para una responsabilidad de tal magnitud, que no fue creado para ello ni está organizado para emprender una tarea tan compleja. No puede organizar ni supervisar campañas de individuos que acrediten una razonable equidad. Debió haber expuesto las diferencias entre un proceso electoral para elegir candidatos de partidos al de juzgadores representantes de no se sabe qué o partir de qué criterio diferenciador que no sea el nombre o el lugar en la boleta. El INE debió asumirse como una institución fundamental de la democracia mexicana, no como un órgano administrativo electoral al servicio del poder en turno ocupado en asunto muy menores.

El régimen pasó al INE organizar una elección imposible. El INE obedeció y se puso a hacer números y llegó a la conclusión de que la elección costaría más que la de este año. La respuesta fue de rechazo por el régimen. Quiere la democracia barata, facilitarle al pueblo su decisión sin mucha ciencia ya que todo es simulación. La cuestión es que el INE fue creado para funcionar de otra manera. Su trabajo es de excelencia y cuesta. No hay coartadas que no signifiquen el deterioro de la calidad de los comicios, bien sea porque se reducen los controles del financiamiento y del proceso mismo, disminuyen los centros de votación (imposible en este caso por la cantidad de boletas) o que deliberadamente se opte por una muy baja participación. Una democracia más que chafa, una farsa, a la medida del régimen.

Quien preside el INE obedecerá instrucciones, no del Consejo al que se debe sino de quienes mandan en el régimen. Someterá al órgano electoral a la presión por la reducción presupuestal y se organizará una elección que anticipa el mayor de los fracasos, simplemente por la razón de que los procesos electorales no están diseñados para escoger individuos, menos de juzgadores que deben acreditar un perfil que implica imparcialidad, profesionalismo e independencia de cualquier factor de poder, económico o ideológico.

Los dineros del INE no serán discordia porque la decisión fundamental se perdió en el momento en el que se aprobó el absurdo de elegir juzgadores mediante el voto popular.

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Columna de Federico Berrueto en SDP Noticias

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