Veracruz. - Un juez del penal de Pacho Viejo determinó archivar la acusación por desaparición forzada contra el exgobernador de Veracruz, Javier N, aunque el Ministerio Público tiene la posibilidad de impugnar esta resolución ante tribunales superiores. A pesar de esta decisión, el exmandatario continúa en prisión mientras se resuelve el futuro legal del caso.

Durante una audiencia virtual, el juez determinó que las declaraciones de Arturo N, exsecretario de Seguridad Pública Estatal, que habían señalado al exgobernador como responsable del delito, fueron obtenidas bajo tortura, lo que invalidó su valor probatorio.

Ante esta circunstancia, el juez resolvió poner fin al procedimiento penal relacionado con la desaparición forzada, un delito calificado como de lesa humanidad.

La decisión generó una serie de especulaciones y preocupaciones en torno al futuro legal de Javier N. A pesar de que la acusación por desaparición forzada fue desestimada, el exgobernador no podrá salir libre de inmediato. El Ministerio Público tiene hasta varios días para interponer una apelación ante tribunales superiores, lo que podría alargar el proceso judicial.

Este fallo se produce en un contexto complejo, ya que Javier N permanece encarcelado, a pesar de que el plazo para solicitar su libertad está cerca de cumplirse. Sin embargo, debido a que la Fiscalía tiene derecho a apelar, el exmandatario podría seguir enfrentando procesos judiciales, incluso si se desestiman algunas de las acusaciones en su contra.

Cabe recordar que Javier N fue vinculado a proceso en noviembre de 2022 por el delito de desaparición forzada, relacionado con la desaparición de un miembro de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

En su momento, el juez había considerado que existían elementos suficientes para iniciar el juicio. Desde entonces, el exgobernador se encontraba en prisión preventiva justificada mientras se desarrollaba la investigación complementaria.

Adicionalmente, Javier “N” cumple una sentencia de nueve años por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero, condena que fue dictada en 2018 y ratificada en 2020, lo que agrega más complejidad a su situación legal.

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Foto cortesía

xmh