La industria de la cirugía estética en México, un sector de miles de millones de dólares que ha experimentado un auge considerable en la última década, está bajo la lupa tras la presentación de una polémica reforma en el Senado. La iniciativa, impulsada por el senador Emmanuel Reyes Carmona, vinculado con la organización ultra católica y criminal “La Luz del Mundo”, busca limitar la práctica de cirugías estéticas exclusivamente a cirujanos plásticos y reconstructivos, una medida que ha generado un rechazo rotundo en el gremio médico y ha desatado acusaciones de corrupción.

Acusaciones de influencia y corrupción millonaria

El proyecto de ley ha encendido la indignación de dermatólogos, cirujanos generales y otorrinolaringólogos, quienes afirman que esta reforma no es más que una maniobra para consolidar el monopolio de los cirujanos plásticos en un mercado altamente rentable. Existen cirugías funcionales que invaden el ámbito de lo estético pero que, a pesar de involucrar un impacto en la imagen, tienen una motivación funcional para la vida del paciente que solo el especialista puede atender. Los críticos aseguran que, con millones de pesos invertidos en cabildeo y campañas en medios, los cirujanos plásticos han presionado a legisladores y manipulado la opinión pública para marginar a otros especialistas capacitados, consolidando así su dominio en la industria de la cirugía estética.

“Esta campaña de corrupción y presión política pretende cerrar las puertas a otros especialistas capacitados, elevando los costos para los pacientes y controlando el acceso a la cirugía estética”, argumenta un cirujano general. La intención, según ellos, es acotar la oferta de profesionales en un sector que cada año genera cerca de $5 mil millones de dólares y atrae a miles de turistas médicos, especialmente en lugares como Baja California, Ciudad de México y Cancún. La posibilidad de aprobar esta reforma ha llevado a los médicos afectados a manifestarse públicamente.

Un llamado a la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum

En un gesto de resistencia, diversos profesionales han solicitado a la presidenta Claudia Sheinbaum que intervenga para frenar la reforma. Argumentan que los intereses económicos que la respaldan atentan contra la libertad de elección de los pacientes y limitan sus opciones en el campo de la cirugía estética. “Este intento de monopolio no es solo una cuestión profesional, sino una amenaza para la equidad y accesibilidad de los servicios médicos en México”, declaró un dermatólogo durante una manifestación. En un contexto en el que las intervenciones estéticas más populares, como la liposucción, el aumento de senos y la rinoplastia, son accesibles para un amplio público, limitar la oferta de profesionales elevaría de forma alarmante los costos, impactando directamente a los pacientes.

En México, hay más de 2 mil cirujanos plásticos registrados oficialmente, y la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) es la institución encargada de certificar a los especialistas. Esto es fundamental para garantizar la seguridad de los pacientes, dado el incremento en procedimientos realizados por personal sin la debida certificación. Se estima que la cirugía plástica y el turismo médico en general generan aproximadamente 5,000 millones de dólares anuales, contribuyendo de manera significativa a la economía de las principales ciudades receptoras de turismo médico.

Regulación justa como alternativa

Desde el sector médico, se exige que las reformas se fundamenten en la capacitación y la experiencia de cada profesional, y no en el respaldo a una sola especialidad. “Crear un monopolio no beneficia ni al sistema de salud ni a los pacientes; solo encarece el servicio y limita la oferta”, comentó un otorrinolaringólogo con vasta experiencia en procedimientos estéticos. Ante este llamado, varios expertos proponen una regulación que contemple los estándares de formación y competencia sin excluir a otros profesionales.

Este conflicto refleja las tensiones entre la competencia justa y el monopolio en una industria que, más allá de sus beneficios económicos, responde a una demanda creciente y globalizada de procedimientos estéticos. Además, la controversia pone en evidencia el papel del dinero y la influencia en la toma de decisiones legislativas, levantando interrogantes sobre el futuro del sector de la salud en México y el derecho de los pacientes a decidir libremente en quién confiar para su bienestar estético.