La Unesco alertó sobre el creciente uso de tácticas legales por parte de gobiernos para silenciar a periodistas, utilizando acusaciones de delitos financieros y fiscales, así como leyes antiterroristas que no guardan relación con el ejercicio de la profesión.

Guilherme Canela, responsable de la sección de Libertad de Prensa de la Unesco, señaló que “hay una clara tendencia en el aumento” de lo que se puede considerar una “censura indirecta”.

Según Canela, las autoridades optan por cargos como extorsión, blanqueo de capitales, fraude o evasión fiscal, en lugar de recurrir a leyes de difamación.

En un informe, la organización contabilizó 120 casos de este tipo entre 2005 y 2024, destacando que más de la mitad (60%) ocurrieron entre 2019 y 2022, con un récord de 25 casos en 2022.

También menciona el uso de "leyes sobre agentes extranjeros" y normativas antiterroristas para acusar a medios de comunicación de financiar actividades ilícitas.

Canela advirtió que esta forma de represión tiene “costes muy altos”, que pueden incluir condenas penales y la consiguiente autocensura de los periodistas, especialmente en la cobertura de temas medioambientales.

Aplican “ley mordaza”

En términos regionales, la mayoría de estos casos se han registrado en Asia y el Pacífico, Europa del Este y Asia Central. En América Latina y el Caribe se documentaron siete casos entre 2010 y 2023, principalmente en Centroamérica, donde ha aumentado el número de acusaciones por blanqueo de capitales y extorsión.

Las consecuencias de estas condenas incluyen largas penas de cárcel, el exilio forzoso de periodistas y el cierre de medios.

La Unesco destaca que los periodistas enfrentan dificultades para defenderse, ya que el acceso a servicios legales es más complejo y costoso en casos de delitos económicos.

Finalmente, Canela mencionó el uso de “pleitos estratégicos contra la participación pública”, que son demandas interpuestas por actores poderosos contra voces críticas para intimidarlas y generar altos costos legales.

Sin embargo, destacó que recientes iniciativas en la Comisión Europea y el Tribunal Supremo de Brasil indican un avance en la regulación de estas prácticas.

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Foto: Internet

mvv