Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se denunciaron los "excesos" del Poder Judicial, destacando casos de nepotismo, corrupción, altos salarios y diversas irregularidades que han impactado en la impartición de justicia en México.

La encargada de presentarlo fue Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, quien expuso la necesidad de una reforma en el Poder Judicial, argumentando que jueces, juezas, ministros, ministras y magistrados frecuentemente cometen acciones que perjudican el sistema de justicia.

Como ejemplo, mencionó la liberación de delincuentes mediante amparos, citando casos como el de Emilio N., exdirector de Pemex, quien obtuvo un amparo del juez Juan Pedro Contreras para anular su prisión preventiva, y el del exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier N., cuya orden de aprehensión fue revocada gracias a un amparo concedido por la jueza Adriana Yolanda Vega.

Rodríguez también señaló que, de los 21 mil detenidos en el país, seis mil 97 personas aún no han recibido sentencia, lo que refleja una deficiencia en el sistema judicial.

Asimismo, criticó la concesión de amparos y suspensiones contra proyectos clave del gobierno, como la Ley de la Industria Eléctrica, el Tren Maya, el Fondo de Pensiones para el Bienestar, y los libros de texto gratuitos del ciclo escolar 2023-2024, lo que, según ella, afecta el desarrollo de políticas públicas diseñadas para beneficiar a la sociedad.

La secretaria también denunció la intervención del Poder Judicial en temas electorales, destacando un recurso interpuesto por el PAN, admitido por la ministra Norma Piña, para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretara los criterios para la asignación de diputaciones plurinominales.

Además, mencionó procesos viciados en la selección de jueces, como la venta de exámenes de oposición por hasta 186 mil pesos, y un alarmante nivel de nepotismo, donde el 49 por ciento del personal del Poder Judicial tiene al menos un familiar trabajando en la misma institución.

Finalmente, Rodríguez Velázquez subrayó los altos salarios y prestaciones de jueces y magistrados, que superan lo establecido por el artículo 127 de la Constitución. Un consejero de la judicatura puede ganar hasta cinco millones 529 mil 451 pesos brutos anuales, mientras que un magistrado recibe cuatro millones 490 mil 441 pesos y un juez de distrito, cuatro millones 050 mil 903 pesos, sin importar si enfrentan denuncias o sanciones, como el caso de la jueza Nancy Juárez, acusada de nepotismo, acoso laboral y desempeño deficiente.