Los desacatos son actos autoritarios; equivalen a desconocer a la autoridad. En el caso que refiero, un poder del Estado desconociendo a otro.

Ante la sentencia de una jueza (con A) federal de retirar del Diario Oficial de la Federación la publicación del decreto de la reforma al Poder Judicial, en lugar de impugnarla en tribunales, la presidenta simplemente desacató la instrucción dada. Su asesor Arturo Zaldívar, quien fue presidente de la SCJN, deja ver o ignorancia o, bien, su afán de burlarse de la ley al sostener que la sentencia judicial es incorrecta pues va contra una reforma constitucional y la publicación, ambas situaciones ya dadas. De paso deja mal parada a la primer mandataria.

Desmontemos sus dichos: el art. 61, fracción I, de la Ley de Amparo establece que, sí, un amparo es improcedente en contra de los cambios de la Constitución. Pero resulta ser que la sentencia judicial NO va en contra de la Reforma, solo contra su publicación. Un juez (jueza) puede instruir quitarla del DOF; no es algo ni arbitrario ni único. Para quienes citaron el mencionado artículo de forma imprecisa, vale preguntarles: ¿en qué parte de la Constitución se establece que es facultad de la presidenta o del Poder Ejecutivo como un todo determinar la legalidad de lo que deciden los jueces? ¿En qué parte de la Constitución dice que el Poder Ejecutivo puede absorber al Legislativo y al Judicial en favor de la investidura presidencial?

La citada jueza NO está usurpando ninguna atribución como mienta Zaldívar y mal aconseja la… consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy. Pareciera que desconocen que ellos pueden/deben impugnar la resolución en cuestión. Pero como no es algo que ignoren, lo que hacen es de autoritarios.

Lo mismo va al ignorar (por parte del INE) las 140 órdenes judiciales para suspender la organización de la elección del Poder Judicial. Nuevamente, estas no tiran abajo la reforma judicial. Tampoco la desconocen. Las resoluciones van contra los PROCEDIMIENTOS que se derivan de ella y que debieron hacerse conforme a derecho.

Para impugnar la determinación de un juez o jueza hay caminos judiciales. Y el no tomarlos equivale a desconocer un poder constituido y a quienes —al momento, al menos— siguen formando parte de este.

Peor, la presidenta, su gabinete y la rama del Estado que ella representa están dando por hecho que no hay Poder Judicial y que sus resoluciones se deben atender. Digo ATENDER, lo que implica impugnar si no se está de acuerdo y se considera se tienen los elementos para recurrir y contestar.

Eso —me refiero a desconocer—, lo podrán hacer muy pronto; cuando no existan jueces ni el Poder Judicial que les haga cumplir la norma. Esto es, cuando no haya ningún juez que vaya en contra de lo que decida el Poder Ejecutivo/Legislativo. Pero mientras los que se formaron en la carrera judicial sigan despachando, las resoluciones deben impugnarse.

Eso de levantar demandas contra el Poder Judicial y sus miembros es un invento autoritario. El pisotear el balance de poderes, así sea a nombre del “pueblo”, también.

Y si todo ello les tiene sin cuidado, deberían pensar que el no seguir los mecanismos y canales legales, esto es, las vías jurídicas, espanta la inversión extranjera. Mismo los 20 mil millones de USD de reinversión recién anunciados...

En su toma de protesta y en algunas de sus mañaneras, la hoy presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que quienes dicen que en la 4t hay autoritarismo, mienten. Pues yo lo sostengo y no miento. Ella misma es quien lo está ejerciendo. Con este último hecho, la presidenta y su ‘segundo piso’ refrendan —con evidencia de por medio— que han decidido NO respetar la división de poderes y que la reforma judicial que diseñaron, impulsaron y aprobaron es pura simulación. Ante esta situación, el que se diga que estamos en los albores de una dictadura no es un ataque, es un dictamen con sustento.

Es una contradicción pretender reformar el Poder Judicial y decir que se cambian los jueces para una mejor justicia, siendo los primeros en agredir y desobedecer tanto a la Constitución como a los juristas.

Por cierto, en las atribuciones del Ejecutivo plasmadas en la Carta Magna no aparece el que pueda interpretar la ley (ninguna) ni los actos derivativos de la misma. En ese sentido, si algo no le gusta o no concuerda, debe combatirla judicialmente. De otra forma, es autoritarismo.

Peligroso antecedente: el día de mañana cualquier individuo puede desacatar la decisión de un tribunal o las de cualquier otra autoridad local o federal (del SAT, por ejemplo) y sostener que el gobernante está abusando de sus atribuciones…

Desafortunadamente, ya es oficial. Lo que viene a consolidar este régimen emanado de Morena es que la justicia es a conveniencia de quién ostenta el poder político y no de acuerdo a lo que dicta la ley e interpreta el Poder Judicial (que para eso está). Claudia Sheinbaum lo oficializó en el viernes y mandó a Godoy a ejecutar la acción arbitraria que además es autoritaria.

Lo que sí constituye un delito es el desacato a una suspensión de un acto de autoridad producto de un amparo.

La repuesta por parte del Ejecutivo frente al posicionamiento de jueces y magistrados, rubrica el peligroso momento por el que atraviesa la república: se ha roto en nuestro país el orden constitucional y el Estado de derecho. Y eso es autoritarismo.

Giro de la Perinola

(1) Lenguaje sin palabras: entre semana, Claudia Sheinbaum se empieza a vestir con uniforme. Mismo tipo de traje sastre todos los días y mismo tipo de playera de medio cuello de tortuga. ¿Qué nos está diciendo?

(2) Eduardo Andrade, hermano de Sergio Andrade (cómplice y a la vez verdugo de Gloria Trevi y explotador sexual de muchos niños y niñas), anunció que se postulará para ministro. Ha sido diputado, y senador. No existe delito de ‘hermano prohibido’, mas, como jurista, su experiencia es de locutor de radio y periodista. Desprecio por la profesionalización, pero de que será popular, seguro lo será…

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SDP Noticias

Columna de Verónica Malo

Foto: Esecial

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