La administración que arranca este 1 de octubre ya tiene predefinida una agenda legislativa que promoverá en el Congreso de la Unión para llevar a cabo su programa de gobierno y que contempla, entre otras cosas, la creación de una beca universal para estudiantes de escuelas públicas e iniciativas para garantizar los derechos de las mujeres, según un estudio de la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD).

El documento titulado “La agenda legislativa del nuevo gobierno: notas preliminares para el Congreso”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, señala que otras propuestas que serán impulsadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum son el apoyo económico para mujeres de entre 60 y 64 años y la prohibición de la reelección en todos los cargos de elección popular.

En la agenda de género, refiere que el gobierno de la primera mujer presidenta del país tiene contempladas la tipificación del feminicidio a nivel nacional, la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, elevar a rango constitucional la igualdad sustantiva de las mujeres en todas sus formas y el derecho a una vida libre de violencias, así como reformas para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Desde el punto de vista de la organización de la administración pública, el Congreso deberá avalar las reformas para crear las Secretarías de Mujeres; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y para modificar el nombre de la Secretaría de la Función Pública a Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.

En el ámbito de la seguridad, destaca la constitucionalización del Modelo Nacional de Justicia Cívica y Alternativa y la reforma en materia de fortalecimiento de las procuradurías que se anunció en el marco de la discusión de la reforma al Poder Judicial, aunque sin precisarse aún el momento en que se presentará la iniciativa correspondiente.

Finalmente, otra cuestión que llama la atención de la agenda legislativa del nuevo gobierno, según la investigación, es el reconocimiento de que no se podrá eludir el tema de una eventual reforma fiscal para financiar la política de gasto fiscal y las obras de infraestructura que se proyectan realizar en el sexenio que está por comenzar.

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Foto: especial

gse