La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Norma Piña, hizo una contrapropuesta a la reforma judicial del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Los documentos Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas y La reforma al Poder Judicial en voz de la Judicatura contienen 66 propuestas que abordan el sistema de seguridad pública y justicia en México y un proceso autocrítico de juezas, jueces, magistradas y magistrados desde la Judicatura que son una alternativa a la reforma judicial de López Obrador que comenzó su camino de análisis en el Senado el 8 de septiembre. Conoce aquí las 66 propuestas que hace la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

1. Revisión crítica del flujo de los procesos judiciales con el fin de asegurar una perspectiva de justicia centrada en las personas

2. Estandarizar las reglas de la carrera judicial en los poderes judiciales del país

3. Desarrollar programas de sensibilización, capacitación y evaluación en conocimientos y competencias para la ética y legitimidad institucional

4. Fortalecer la capacidad institucional de los poderes judiciales locales para atender adecuada y efectivamente las demandas de justicia de la ciudadanía

5. Implementar la carrera judicial y los mecanismos de selección para todos los cargos judiciales que cumplan con criterios claros y objetivos

6. Redoblar los esfuerzos y asignar los recursos necesarios para implementar la oralidad en la justicia civil y familiar, así como consolidar la oralidad mercantil

7. Consolidar la justicia laboral

8. Implementar mecanismos efectivos para la disciplina judicial

9. Recuperar y fortalecer el constitucionalismo local

10. Incrementar los recursos económicos de la justicia penal local

11. Derogar figuras jurídicas que propician la privación arbitraria de la libertad

12. Armonizar el reconocimiento y la tipificación del delito de feminicidio, así como homologar los protocolos de investigación aplicables

13. Ampliar y fortalecer los alcances del juicio de amparo en materia de reparaciones y suspensiones

14. Generar marcos normativos claros orientados a asegurar el cumplimiento de las sentencias judiciales

15. Fortalecer las figuras procesales que promuevan un acceso colectivo a la justicia

16. Generar condiciones normativas, presupuestales e institucionales para poner en marcha jornadas nacionales itinerantes de justicia

17. Garantizar que un porcentaje no inferior a 2% de los presupuestos federal y estatales sea asignado a los poderes judiciales

18. Diseñar y expedir una Ley General de Defensorías Públicas

19. Reorientar las políticas de seguridad pública, promover su desmilitarización y garantizar la participación ciudadana en su diseño

20. Fortalecer la seguridad, operación y accesibilidad de todas las autoridades que realicen labores de seguridad al Registro Nacional de Detenciones

21. Modernizar los Centros de Comando y Control

22. Establecer un mecanismo nacional de certificación de instituciones policiales

23. Implementar una estrategia integral de lucha contra la trata de personas

24. Considerar el abandono del enfoque punitivo de la política hacia el uso de drogas y el narcomenudeo y buscar alternativas para la detención en este contexto

25. Simplificar y armonizar en los estados los procedimientos de activación del Programa Alerta AMBER y el Protocolo Alba

26. Desarrollar un sistema nacional de prevención y protección para todos los operadores de justicia

27. Revisar y reformar el marco normativo e institucional de la política criminal vigente en el país

28. Mejorar el acceso a la información pública y de los mecanismos para la evaluación de las instituciones de seguridad

29. Implementar medidas efectivas para mejorar el control de armas de fuego en el país

30. Asegurar el cumplimiento del mandato constitucional y el fortalecimiento de instituciones civiles

31. Investigar la trata de personas a partir de la cooperación internacional

32. Establecer una estrategia global e integral de búsqueda e investigación de los casos de desaparición

33. Asegurar la estandarización nacional de instrumentos de investigación

34. Establecer estrictos sistemas de selección del personal del Ministerio Público y Fiscalías

35. Promover el establecimiento de un mecanismo nacional de formación y certificación de fiscalías y policías de investigación

36. Incorporar la detención y desaparición de personas migrantes a los registros nacionales

37. Promover una política nacional de prevención de las desapariciones desde una mirada estructural

38. Fomentar la articulación de sistemas estadísticos confiables y de constante actualización

39. Explorar el establecimiento de un mecanismo extraordinario de verdad, justicia y reparaciones

40. Perseguir los delitos con un análisis de investigación y persecución de fenómenos y estructuras criminales como un todo, no de manera fragmentada y desarticulada

41. Desarrollar e implementar políticas de persecución penal estratégicas en las fiscalías federales y estatales

42. Crear una Ley General de Servicios Forenses que instaure una institución nacional de servicios forenses

43. Fortalecer las capacidades institucionales en materia forense y de servicios periciales

44. Asegurar que el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense cuente con el presupuesto, estructura orgánica e independencia necesarios para el cumplimiento de sus funciones

45. Establecer y garantizar el funcionamiento de bases de datos en materia forense y de servicios periciales a nivel nacional

46. Fortalecer los servicios de defensoría pública

47. Aumentar el personal de las defensorías públicas

48. Garantizar la autonomía técnica y de gestión de todas las defensorías públicas del país

49. Asegurar las asignaciones presupuestales necesarias

50. Regular de manera uniforme y consolidar el servicio civil de carrera

51. Establecer atribuciones claras y amplias para brindar asesoría y asistencia legal en todas las materias

52. Conformar áreas o unidades de investigación y servicio periciales independientes en cada defensoría pública

53. Crear bases y protocolos homologados de atención y actuación

54. Diseñar mecanismos de comunicación eficientes para la canalización de casos entre defensorías públicas

55. Implementar una política integral de atención a poblaciones de difícil acceso o en situación de vulnerabilidad

56. Instrumentar una política integral de atención a víctimas de violaciones de derechos humanos

57. Otras acciones adicionales para fortalecer los servicios de defensoría pública en México, con independencia de la legislación propuesta

58. Incorporar a las víctimas indirectas en los procesos de búsqueda, así como en los procesos judiciales

59. Fortalecer la atención médica que brindan las comisiones de atención a víctimas

60. Reformar el sistema de ayudas inmediatas dentro de la política de atención a víctimas

61. Crear mecanismos eficientes de denuncia y protección para todos los grupos en situación de vulnerabilidad dentro de prisión

62. Fortalecer la independencia de juezas y jueces de ejecución

63. Implementar servicios de interpretación y mediación cultural para comunidades indígenas

64. Capacitar a juezas y jueces de ejecución, así como al personal penitenciario en temas de derechos humanos y enfoques diferenciados

65. Fortalecer programas de atención psicológica y de salud integral dentro de los centros de reclusión

66. Adaptar de espacios en centros penitenciarios a fin de satisfacer las necesidades diferenciadas de los distintos grupos de población

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Foto: Especial

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