Son bien conocidas las reiteradas violaciones del presidente AMLO y de Morena del derecho vigente. Lo hacen como si fuese un deporte nacional.

Trátese de materia electoral, de transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales o derecho parlamentario, los miembros de la coalición mayoritaria contravienen la Constitución, las leyes secundarias, reglamentos o cualquier instrumento jurídico que obstaculice lo que ellos llaman los objetivos de la 4T.

Lo han hecho de nuevo. Según se ha informado, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Permanente aprobó el lunes el dictamen relacionado con el Poder Judicial. En otras palabras, ha quedado “planchada” la resolución para que ésta, una vez haya sido instalada la nueva legislatura, sea votada por la nueva mayoría calificada.

Dicho de otra forma, la Comisión Permanente de la LXV habrá trabajado previamente para que la LXVI, que será inaugurada el 1 de septiembre, vote lo discutido en comisiones previo al inicio de la legislatura entrante.

Ahora bien, a la luz de la CPEUM, de la ley de Congreso y del propio reglamento de la Cámara de Diputados, no se contempla que legisladores de la legislatura saliente dictaminen lo que deba votar la entrante. Es decir, resulta ilegal y violatorio del derecho parlamentario que la LXV “dicte” lo que deba votar el pleno de la LXVI.

Así ha sido puesto de manifiesto por el constitucionalista Diego Valadés, quien ha sido recientemente objeto de descalificaciones por parte de los partidarios del régimen.

La iniciativa de reforma al Poder Judicial ha iniciado pues con un acto ilegal que contraviene la legislación vigente, y todo, huelga recordar, para entregarle a AMLO un pequeño regalo de despedida antes de su partida rumbo a su rancho.

Desafortunadamente, frente a la inminente mayoría hegemónica de la coalición, se antoja complejo, y si se quiere, inviable, que la oposición minoritaria cuente con las competencias para promover una controversia constitucional.

El lector seguramente recordará que fue la Suprema Corte, bajo la presidencia de Norma Piña, y basada en un argumento expuesto por el ministro Laynez, la que echó para abajo el llamado plan B tras decidirse que Morena y sus aliados habían violado el derecho legislativo.

La reforma al Poder Judicial, misma que será impuesta tras una interpretación controversial del artículo 54 constitucional (y a mi juicio, errónea y aberrante) será precedida por una contravención de la legislación parlamentaria. Así las cosas en el México de hoy.

Columna de José Miguel Calderón en SDP Noticias

Foto Especial

clh