Las organizaciones defensoras de periodistas, de derechos humanos, junto con las que luchan por la protección de las víctimas infantiles de violencia sexual y trata, expresaron su más enérgico rechazo ante las recientes decisiones judiciales que favorecieron la liberación de presuntos responsables de delitos graves, como la explotación sexual infantil y la tortura.

“Casos emblemáticos, como los de Mario Marín, Kamel Nacif y Adolfo Karam, evidencian un preocupante patrón de complicidad que revictimiza a las víctimas y perpetúa la impunidad”, destacaron organizaciones como ARTICLE 19 México y Centroamérica, Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, así como la Red por los derechos de la infancia en México REDIM.

Adolfo Karam, ex director de la Policía Judicial en Puebla, fue liberado la semana pasada, y este miércoles el ex gobernador Mario Marín Torres dejó el penal de El Altiplano y llegó escoltado a su casa en la ciudad de Puebla, aunque ambos mantienen sus procesos por tortura contra la periodista Lydia Cacho.

A través de un comunicado, señalaron que la reciente liberación de estas tres personas, involucradas en “redes de macrocriminalidad”, no solo contraviene el interés superior de la niñez, sino que también “socava la confianza” en el sistema judicial que es “complaciente con las argucias jurídicas”.

“La violencia sexual infantil es una de las formas más severas de violencia, con consecuencias devastadoras para las víctimas y sus comunidades. Sin embargo, la falta de acción efectiva y la tendencia de las autoridades a individualizar las acciones delictivas han llevado a sentencias que favorecen a los perpetradores, ignorando el contexto más amplio como redes de macrocriminalidad con poder político y económico”.

Señalaron que los derechos de las víctimas infantiles están siendo sistemáticamente violados, además que la impunidad desalienta la denuncia.

Las decisiones judiciales, indicaron, que minimizan la gravedad de estos delitos y que no consideran el poder real de la red de complicidad entre los acusados envían un mensaje alarmante: que los poderosos pueden evadir la justicia.

Por ello, exigieron al poder judicial que actúe con responsabilidad y compromiso para garantizar la protección de los derechos de las víctimas.

Consideraron imperativo que el Consejo de la Judicatura revise inmediatamente este “sospechoso patrón de liberaciones” asegurándose que las y los jueces implicados no sean objetos de presiones o respondan a intereses contrarios al interés superior de la niñez, ya que la justicia debe ser efectiva, y las denuncias de las víctimas deben ser escuchadas y respetadas.

Instaron a la sociedad civil, medios de comunicación y organismos internacionales a unirse en la defensa de los derechos de las víctimas y a exigir un mejor trabajo de las fiscalías y vigilancia judicial para evitar que sean cómplices de la impunidad.

“La lucha contra la explotación sexual infantil y la protección de los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho son responsabilidades compartidas de todas las autoridades del Estado mexicano”, agregaron.

Al pronunciamiento se sumaron las organizaciones:

Fundación para la Justicia

Red Nacional de Periodistas

Red Puebla de Periodistas

Fundación Femmex

Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)

Ojos de Perro vs la Impunidad, A.C.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez

Observatorio de Designaciones Públicas

Centro Mexicano para la Filantropia – Cemefi

Melel Xojobal AC

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Paso de Esperanza, A. C

Impunidad Cero

Casa del migrante de Saltillo – Frontera con Justicia AC

Denise Dresser

Diego de la Mora Maurer

Juan Martín Pérez García

Descubre todo sobre noticias Puebla y de todo México visitando nuestra página principal.

Foto: especial

gse