Una iniciativa presentada esta semana en la Cámara de Diputados propone que el Estado quede obligado a reembolsar a la población gastos en servicios de salud que se generan por la omisión de servicios, como la entrega de medicamentos e insumos que le corresponde por parte de las instituciones públicas.

La propuesta del diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba indica que la ley establecerá mecanismos del reembolso y establece que el derecho al reembolso será procedente cuando los derechohabientes, beneficiarios y población sin seguridad social para la atención médica preventiva, curativa, rehabilitatoria y paliativa hayan recurrido a servicios privados o sociales de salud por el incumplimiento de alguna institución pública de salud.

También cuando los insumos estén contenidos en el Compendio Nacional de Insumos para la Salud y los medicamentos, dispositivos médicos, requerimientos clínicos y demás insumos para la salud hayan sido prescritos o indicados por profesionales de las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud.

Añade que las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud financiarán reembolsos a que refiere el decreto con los recursos que anualmente se asignen en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Se argumenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Estado se encuentra obligado al suministro del tratamiento de forma oportuna, permanente y constante y, además, debe ser entregado considerando el estado de salud del paciente.

La iniciativa detalla que según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022 del INEGI, analizados por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), un hogar afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social destina en promedio 5 mil 350 pesos al año para adquirir los medicamentos que el sector público no le otorga, y el propio gobierno ha reconocido que se dejaron de surtir 45 millones de recetas.

La iniciativa fue enviada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Salud, de la Cámara de Diputados.

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Foto: Especial

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