El escenario adverso para el país se confirma día a día. El próximo gobierno iniciará en campo minado de problemas serios que complican el ejercicio de autoridad y el cumplimiento de los compromisos para corresponder a las expectativas que llevaron al triunfo electoral con ventaja considerable. Trump se muestra imbatible ahora ya formalmente candidato y su compañero de fórmula, el senador J. D. Vance es una muy mala noticia para México. Su radical postura respecto al tema migratorio y tráfico de fentanilo anticipa una presión mayúscula al gobierno de Sheinbaum. Ciertamente, el vicepresidente no determina la política, pero dibuja cómo será la segunda presidencia de Trump si el voto le favorece en noviembre, como parece será.

La virtual presidenta hace cuentas y advierte que deberá estudiarse con mayor cuidado algunos de sus compromisos como el apoyo a las mujeres en el rango de edad de 60 a 65 años. Es materia de realismo y ya no hay recursos o bolsas por asaltar para financiar nuevos proyectos. La pesadilla apenas empieza, una vez que los nuevos titulares de las dependencias informen sobre el desastre en sus respectivas áreas y la necesidad de incrementar el gasto para lograr la funcionalidad de las dependencias se tendrá una idea más clara del problema heredado.

En la perspectiva de los halcones que llegarán a dominar el gobierno norteamericano, México debe estar preparado para la deportación masiva de millones de migrantes a territorio nacional, además de ordenar el blindaje de la frontera sur y norte mexicana. La deportación en tales términos plantea un reto de graves proporciones que compromete cualquier postura humanitaria, además de la incapacidad del país para recibirles en condiciones razonables; deberás recurrirse a instancias internacionales para resolver un problema que no sólo es de México. Las concesiones de López Obrador a los presidentes Trump y Biden constituyen un precedente que reducen el espacio de maniobra del futuro gobierno.

Igual puede esperarse en materia de seguridad. En EU hay impaciencia y ven en las autoridades mexicanas complacencia o incapacidad para enfrentar al crimen organizado. La presión no se limitará a acciones ejemplares de las autoridades mexicanas, sino a la exigencia de que las mismas autoridades norteamericanas puedan actuar en el territorio nacional. La DEA será reivindicada y promovida con todos los riesgos que eso implica, entre otros, su postura de que los políticos mexicanos por su complicidad con los criminales son parte del problema y no la solución.

En el tema económico, el consenso es que el crecimiento es el supuesto necesario para la funcionalidad del sistema. Sin embargo, razones sociales insoslayables exigen no cualquier crecimiento, sino que se acompañe de fórmulas de inclusión social, responsabilidad ambiental y corresponsabilidad fiscal. La condena a lo hecho en el pasado se facilita si no se considera el punto de partida, esto es, el elevado pago para superar la crisis y la desconfianza. El problema es que el país puede llegar pronto a esa misma circunstancia, especialmente si se alteran las premisas que ofrecen certeza de derechos, como es un sistema de justicia independiente del gobierno.