El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (La Corte) validó diversas disposiciones de la Constitución Política, así como de las Leyes de Seguridad Pública y Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, todas del Estado de Tamaulipas.

Estas prevén el otorgamiento de medidas de seguridad y protección a las personas que fungieron como titulares del Ejecutivo Estatal, la Secretaría General de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia, por un periodo igual al tiempo de su encargo, las que pueden ser prorrogadas en tanto las condiciones de riesgo lo ameriten.

En el caso de la Fiscalía, se contempla además el otorgar esa protección de manera general a las y los servidores públicos que, debido a las funciones realizadas en la institución al momento de causar baja, las tengan asignadas o las requieran.

Lo anterior, al considerar que el Congreso local tiene libertad configurativa en este ámbito, sin que por el solo hecho de que se prevea la posibilidad de otorgar las medidas aludidas, exista una violación a los principios de honradez y eficiencia en el manejo de los recursos públicos, previstos en el artículo 134 de la Constitución Federal.

Aunado a ello, por lo que se refiere a la prórroga de las medidas de protección en tanto las “condiciones de riesgo” lo ameriten, La Corte determinó que las disposiciones resultan claras y precisas en cuanto a su significado y alcance, por lo que no existe una violación al principio de seguridad jurídica.

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Foto: archivo m

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