La Cámara de Diputados realizó en Toluca, Estado de México, el tercer foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial enviadas por el Ejecutivo Federal, con los temas: Austeridad, fideicomisos y derecho laboral de los trabajadores del Poder Judicial.

Respeto a los derechos de los trabajadores

En las instalaciones del Congreso del Estado de México, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), señaló que hay una propuesta muy polémica e importante en muchos aspectos, pero la principal es la elección de los miembros de la Judicatura.

La Constitución Política, dijo, impone el respeto a la autonomía de los poderes judiciales y a los derechos de los trabajadores, por lo que “todo lo demás está a discusión, para discernir, dialogar, reconsiderar, reconfigurar, recontextualizar, y para escribir un proyecto de resolución que en el lenguaje legislativo se llama dictamen”.

Dicho dictamen, añadió, es el punto de partida del proceso verdaderamente importante: el debate en los plenos de las cámaras del Congreso y de las legislaturas de los estados. “Nosotros estamos hoy para escuchar un diálogo de audiencia, pero escuchar no es oír sordamente, sino atender razón, ya que en el debate y la discusión los argumentos se convierten en la motivación del voto de los legisladores”.

Garantizar derecho a una justicia pronta, expedita y gratuita

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del grupo parlamentario de Morena, comentó que se acordó ampliar el diálogo, la discusión, debate, conocimiento y la socialización de una de las reformas estructurales más importantes en materia judicial de nuestro país en los últimos 150 años, y esta reforma tiene el propósito de garantizarle a los mexicanos el derecho a una justicia pronta, expedita y gratuita.

Sostuvo que están convencidos de que el pueblo puede elegir libremente y democráticamente a quien sea el responsable del Poder Judicial en México en sus diferentes órganos, iniciando con los ministros, siguiendo con magistrados y jueces. Lo que no está sujeto a discusión y sí a perfeccionamiento, añadió, es la garantía del respeto a los derechos adquiridos de todos los trabajadores al servicio del Poder Judicial.

La mayoría de quienes han participado en estos diálogos, comentó, considera una posibilidad real la elección democrática de los integrantes del Poder Judicial. “El cómo es lo que se está discutiendo, la periodicidad, profundizar en la idoneidad en cada uno de los tres poderes responsables de la postulación, que emitan protocolos en sus convocatorias abiertas, que sean democráticas y tengan un profundo contenido técnico en el proceso de selección a quienes van a postular”. 

Serán respetados los derechos de trabajadores del Poder Judicial

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila (Morena), afirmó que los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación serán respetados en su totalidad, los presupuestos de egresos considerarán los recursos necesarios para el pago de pensiones, apoyos médicos, seguros, aguinaldos, prestaciones y cualquier otra obligación de carácter laboral, es decir “todas las conquistas laborales estarán a salvo”.

Destacó que la propuesta de reforma establece que luego de ser aprobada, se llevarán a cabo los procesos necesarios para extinguir los fondos, fideicomisos, mandatos, contratos análogos que no se encuentren previstos para una ley secundaria, y fija un plazo de 90 días para entregar la totalidad de los recursos remanentes, los cuales serán concentrados en la Tesorería de la Federación.

Respecto al costo de la elección de los mil 600 ministros y magistrados, precisó que cálculos aproximados señalan que sería de entre 3 mil millones y 3 mil 500 millones de pesos, incluso podría destinarse parte de los 23 mil millones de pesos que tienen los fideicomisos que se entreguen a la Tesorería. Resaltó que la reforma establece que las y los ministros de la Suprema Corte no serán beneficiados con el haber de retiro.

Reforma judicial adecuada y consensuada

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de México, diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (PRI), manifestó que en este foro se compilarán los comentarios, reflexiones y análisis de aquellos a quienes la reforma del Poder Judicial repercute directamente.

Hizo votos para que el resultado de estos foros llegue a las y los legisladores federales y tengan los elementos para votar un dictamen y proyecto de decreto que se adapte a las necesidades institucionales de los impartidores de justicia del país y en respuesta a las demandas sociales, en el fortalecimiento del Estado de derecho

Subrayó la importancia de este ejercicio de consulta interinstitucional, esperando que al finalizar los diálogos nacionales se tenga como resultado una reforma judicial adecuada, consensuada y que beneficie a todas y todos los mexicanos.

Fortalecer autonomía presupuestal de poderes judiciales

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, magistrado Ricardo Sodi Cuellar, señaló que se debe buscar la mejor reforma posible con perspectiva republicana y federalista. “El debate debe ser en favor de la suficiencia presupuestaria y la racionalidad del gasto, su aplicación oportuna, transparente y eficiente para acercarnos a estándares internacionales con más juzgadores, mejores condiciones y alcanzar un efectivo acceso a la justicia”.

México, subrayó, es un país con altos índices de litigiosidad e insuficiente personal judicial, lo que genera lentitud y rezago; por ello, uno de los objetivos de la reforma debe ser abatirlo o disminuirlo. Planteó fortalecer la autonomía presupuestal de los poderes judiciales estatales, que sus presupuestos sean progresivos, irreductibles y nunca menores al cuatro por ciento del presupuesto de la entidad correspondiente.

Además, crear el fondo de apoyo para la impartición de justicia en las entidades e incorporarlo al Ramo 33, exentar a los poderes judiciales locales de los límites del tres por ciento que la Ley de Disciplina Financiera fija como máximo para incrementar el capítulo 1000 y aumentar el número de servidores judiciales. “Frente a tantas carencias en personal, instalaciones y equipo de tribunales de justicia, no es posible hablar de austeridad”.

El objetivo debe ser acercar la justicia a las personas

En su intervención, la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, expresó que este diálogo constructivo permitirá analizar, debatir y enriquecer la reforma al Poder Judicial, para lo cual se escucharán todas las voces y se atenderán las propuestas que favorezcan una reflexión profunda, a fin de lograr el éxito de una reforma integral y eficaz al sistema de justicia.

Acercar la justicia a las personas, precisó, debe ser el objetivo central de la reforma judicial. Hizo votos para que surjan propuestas que se conviertan en acciones cuyo objetivo sea aplicar de manera pronta y expedita la justicia, garantizando el disfrute y protección de los derechos humanos de las y los mexicanos.

Añadió que los estados tienen la obligación da aportar su experiencia para ensanchar los caminos de un efectivo acceso a la justicia y se pronunció por que los trabajos, debates e ideas del foro, contribuyan a fortalecer a las instituciones responsables de hacer justicia en el país.

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Foto: especial

gse