Antes de la propuesta, decir no a la misoginia

Es tiempo de mujeres, pero esto no lo entienden las personas que han organizado los foros para discutir la reforma al poder judicial. Lo afirmo porque ha sido absolutamente indecente el trato que recibió la presidenta de la asociación mexicana de mujeres juezas, la magistrada María Emilia Molina de la Puente. En el primer evento, realizado en la Ciudad de México, el compromiso era que ella cerrara las participaciones, pero ni siquiera se le dio la palabra. En la segunda jornada, en Guadalajara, aunque estaba planeado que la magistrada pronunciara un mensaje, a última hora se canceló su intervención. Todo un monumento al machismo.

Si de tal manera, esto es, marginando a las mujeres juristas, se van a diseñar los criterios para llegar a las candidaturas a los distintos cargos judiciales, México va a perder. Hay políticos que siguen sin entender la nueva realidad, feminista, de nuestro país. Una verdadera pena que siga habiendo discriminación en el sexenio, el de AMLO, que más espacios de poder dio a las mujeres: en efecto, el periodo de gobierno que hizo posible un acontecimiento de dimensiones históricas, que democracias más consolidadas —como las de Estados Unidos, España y Francia— no conocen: tener ya una presidenta de la nación, Claudia Sheinbaum Pardo.

Por cierto, la reforma que falta...

Sin afectar los derechos de las minorías, hace falta una reforma en México: reducir el número de integrantes en el Congreso de la Union: son demasiados 500 escaños en la Cámara de Diputados y Diputadas y 128 en el Senado. Un fuerte recorte sería necesario. Ridículo que en un país como India, con 11 veces más población que nuestro país, su poder legislativo, bicamaral, tenga prácticamente el mismo número de miembros que el mexicano: 545 en la cámara baja y 233 en la cámara alta. Peor queda nuestro congreso si se le compara con el de Estados Unidos, que tiene 2.5 veces más población que México: en la Cámara de Representantes hay 435 miembros y 100 en el Senado.

El exceso de legisladores y legisladoras no sería problema si no cobraran ni exigieran toda clase de privilegios administrativos. Pero cobran, y mucho… y gastan como si de verdad trabajaran.

Requisitos para las candidaturas judiciales

En la iniciativa de reforma del poder judicial del presidente López Obrador, no son muchos los requisitos para las candidaturas a la SCJN, al Tribunal Electoral y al Tribunal de Disciplina:

• Ministros y ministras, lo mismo que magistrados y magistradas “se elegirán a nivel nacional en las elecciones ordinarias a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres poderes de la unión”.
• El poder ejecutivo propondrá hasta 10 candidaturas; el poder legislativo propondrá hasta 5 candidaturas por cada una de sus dos cámaras, por mayoría calificada, y el poder judicial propondrá hasta 10 candidaturas a través del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por mayoría de 6 votos”.

Como dijo en Nexos el jurista Alejandro Posadas Urtusuástegui, es positivo que la iniciativa de reforma contemple que sean todos los poderes los que puedan realizar propuestas —y no solo el presidente como ocurre actualmente— : “Esto es una mejora sobre el actual sistema”. Una vez hechas las listas de las candidaturas la gente decidirá en las urnas. La última palabra ya no la tendrá el Senado, sino la ciudadanía. Parece un avance: “Reduce la posibilidad de que la designación recaiga en consideraciones de negociaciones entre partidos políticos”.

Tiene sentido lo que ha escrito el colaborador de Nexos: “En síntesis, una designación política actual de personas ministras de la Suprema Corte y de magistradas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, se sustituye por otra designación política, pero con una mucha mayor pluralidad de participación en la decisión, incluida la ciudadanía en general”.

La propuesta sensata

El mencionado Alejandro Posadas Urtusuástegui claramente apoya el sistema de elección popular de las personas juzgadoras más importantes —como ministros y ministras de la corte suprema—, pero no le parece adecuado elegir en las urnas al resto de las juezas y los jueces.

Para el citado jurista, si puede ser adecuado “organizar y realizar un proceso electoral para designar nueve ministras y ministros de la Suprema Corte, siete del Tribunal Electoral federal y cinco del Tribunal de Disciplina Judicial”, podría no serlo en el caso del resto de las personas juzgadoras.

Será complicado, y muy caro, elegir en urnas de votación, en todo el país, a 1 mil 500 personas a nivel federal y alrededor de 3 mil 500 a nivel local. Tal proceso “por sí mismo representaría un reto monumental para los tres poderes involucrados en el mismo, que se repetiría cada seis años. Por lo demás, la reforma “tendría otro costo altísimo presupuestalmente toda vez que hay que indemnizar a todas y todos los jueces salientes”.

Para el especialista de Nexos, vale la pena “meditar que la elección popular se reserva en el sistema democrático para los altos mandos, no para el resto de los servidores públicos”. Parece mejor idea que sean los concursos de oposición los que seleccionen a los jueces y juezas de abajo en la estructura judicial, ya que “bien implementados fortalecen la excelencia, profesionalismo e independencia de los poderes judiciales”. El abogado Posadas Urtusuástegui propone ponderar la experiencia mexicana relacionada con los concursos de oposición y “realizar estudios serios sobre mejores prácticas en sistemas de concurso y estándares de evaluación que respondan de la mejor manera al tipo de perfil de juez que requiere la sociedad mexicana hoy en día”.

En vez de elecciones en las urnas, es más lógico, eficiente y barato designar a jueces y juezas que no sean altos mandos “a través de concursos de oposición abiertos, libres y públicos y regular estándares apropiados para su realización a nivel nacional”. Si jueces y juezas llegan a los cargos mediante concursos de oposición, no le deberán a nadie su designación, esto es, “solo a su propio mérito, preparación y perfil, en condiciones de equidad”. Tales concursos deberían ser constitucionalmente obligatorios para “todas y todos los jueces y magistrados del país (primera y segunda instancia)”.

Posadas Urtusuástegui propone además “eliminar el sistema de apelación, como sucede hoy en día en materia laboral y mercantil”. Con ello se reduciría la extensión de los juicios y habría ahorros. “El amparo permanecería como la instancia de revisión constitucional”.

Ojalá Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador lleguen a la misma conclusión que Alejandro Posadas Urtusuástegui: decir sí a elegir en las urnas a jefes y jefas del poder judicial, pero no a jueces y juezas de abajo, que deben ser nombrados solo por sus méritos técnicos.

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Columna de Federico Arreola en SDP Noticias

Foto Eduardo Díaz

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