El diputado Carlos Alberto Puente Salas (PVEM) impulsa una iniciativa que reforma el tercer párrafo del artículo 4º de la Constitución Política, para establecer que el Estado entregará “un apoyo económico temporal que permita adquirir una canasta básica alimentaria a las personas que hayan perdido su empleo o fuente de ingresos, como consecuencia de una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor”.

El documento, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, también plantea que la ley establecerá las bases y los términos para el acceso a esta prestación, para lo cual tendrán prioridad las personas que se encuentren en situación de pobreza.

En su exposición de motivos, destaca que aún existen áreas de oportunidad para robustecer y consolidar un auténtico Estado de bienestar en el país, principalmente después de que la pandemia por Covid-19 dejó expuesta la desigualdad entre los diversos sectores de la población y la forma en que ésta se ha convertido en un impedimento para el ejercicio de otros derechos como la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad.

Destaca que el establecimiento constitucional de un ingreso mínimo vital no pretende que todas las personas sean iguales, sino que aspira a que las transformaciones sociales se orienten hacia la remoción de todos aquellos obstáculos, de hecho y de derecho, que impiden el acceso del mayor número de personas a mejores oportunidades de desarrollo.

Refiere que, en el contexto de la pandemia, la discusión sobre la necesidad de establecer un seguro de desempleo público en nuestro país volvió a cobrar relevancia debido a los efectos directos que tuvo en el empleo la paralización casi completa que experimentó la economía durante algunas semanas y que provocó la pérdida de millones de plazas laborales en un par de meses.

Con base en ello, la propuesta destaca que esta situación hizo indispensable el diseño e instrumentación de medidas contingentes para mantener y estimular el empleo, así como para garantizar un ingreso temporal que permita a los desempleados por dicha causa adquirir lo necesario para garantizar al menos su derecho a una alimentación.

Señala que de los 3.5 millones de contagios confirmados y las más de 270 mil defunciones que oficialmente se registraron en el país a causa de la Covid-19 hasta mediados del mes de septiembre de 2021, la pandemia dejó como saldo un difícil panorama en el ámbito económico y social.

Luego de que el Gobierno Federal declarara que la epidemia constituía una emergencia sanitaria de fuerza mayor, se implementaron una serie de medidas preventivas para evitar la propagación del virus, consistentes principalmente en el confinamiento voluntario de las familias y el cierre de todas aquellas actividades económicas que no se consideraban esenciales para el país.

Es por ello, agrega el legislador, que resulta esencial una reforma al texto constitucional para crear un mecanismo que constituya un apoyo temporal para que las personas que pierdan su empleo o su fuente de ingresos a consecuencia de contingencias como fue la pandemia por Covid-19, puedan adquirir una canasta básica alimentaria.

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Foto: Esimagen

gse